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El consejero Burguete señala que el proyecto de Ley de Protección Pública a la Vivienda no tiene carácter retroactivo
miércoles, 26 de mayo de 2004El consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda, José Andrés Burguete Torres, ha señalado que el proyecto de Ley Foral de Protección a la Vivienda no tiene carácter retroactivo. Así lo ha indicado en una conferencia de prensa en la que ha valorado las enmiendas presentadas por los diferentes grupos del Parlamento de Navarra.
Viviendas en construcción en Sarriguren.
En este sentido, el consejero de Vivienda ha indicado que el proyecto de Ley no vulnera ningún derecho fundamental, "por lo que no tiene carácter retroactivo. En el proyecto se eliminan expectativas y supuestos de descalificación anticipada".
Así, José Andrés Burguete ha señalado que con la eliminación de estos supuestos de descalificación anticipada se impide "el fraude y el fomento de la picaresca" en viviendas protegidas. Estos supuestos, que se introdujeron cuando se amplió el plazo de descalificación de 5 a 12 años, han resultado, según el consejero, "una experiencia errónea".
El consejero Burguete ha indicado que en el caso del barrio pamplonés de Mendillorri las viviendas protegidas "tenían, tienen y tendrán un plazo de protección de 20 años, a partir del cual los propietarios pueden disponer de la vivienda como deseen, incluso podrán descalificarla sin devolver las ayudas. Asimismo, la Ley permite la venta de la vivienda protegida antes del citado plazo, siempre que se haga al Gobierno de Navarra al precio de vivienda protegida actualizado, lo que supone una revalorización del 40% o del 45% sobre el precio de venta inicial".
Igualmente, el titular de Vivienda del Gobierno de Navarra ha recordado que el proyecto de Ley contempla la posibilidad de descalificación anticipada en el supuesto de inadecuación de la vivienda, y en el mismo proyecto se especifica que las viviendas protegidas que durante el presente año 2004 cumplan 12 años desde su calificación definitiva disponen de un plazo de seis meses desde la aprobación de la Ley para solicitar la descalificación.
Interés general
El consejero ha recordado que actualmente quedan en Mendillorri un total de 2.992 viviendas protegidas sin descalificar, de un parque inicial de 3.440 viviendas protegidas: "Estas 2.992 viviendas cumplen los 12 años de su calificación definitiva entre los años 2005 y 2007, por lo que en tres años se pondrían en el mercado libre casi 3.000 nuevas viviendas, a un precio de 35-40 millones de pesetas (cuando costaron 8 millones de pesetas). Esto supondría la inyección en el mercado inmobiliario de 110.000 millones de pesetas, con las inherentes repercusiones negativas tanto para las viviendas protegidas, como para las libres".
El consejero Burguete ha señalado que el Gobierno de Navarra trabaja por y para el interés público y general, por lo que el mantenimiento de los supuestos supondría "la consiguiente pérdida de parque de viviendas protegidas, construidas con el esfuerzo de toda la sociedad. La prioridad del Gobierno es dar respuesta a las 10.000 personas que nos demandan una vivienda protegida".
De hecho, el consejero ha recordado que el compromiso del Ejecutivo foral es construir durante la presente legislatura 12.000 nuevas viviendas protegidas y realizar actuaciones de rehabilitación de otras 4.000 viviendas. Asimismo, José Andrés Burguete ha indicado que durante el pasado año 2003 se calificaron 2.875 viviendas protegidas, "la mayor cifra de Navarra desde la llegada de la democracia", y que durante esta legislatura se ha desbloqueado el plan de Ripagaina (donde se construirán 3.500 viviendas, el 50% protegidas) y se ha modificado el PSIS de Sarriguren para edificar en la segunda fase 575 viviendas protegidas más que las planeadas en un inicio.
El consejero Burguete, quien ha señalado que el Proyecto de Ley Foral está abierto a las mejoras que puedan presentar los grupos parlamentarios, ha recordado que el proyecto contempla aspectos tales como el baremo único en la adjudicación de viviendas; el alquiler con derecho a compra; el nuevo régimen de viviendas pactadas; actuaciones en materia de viviendas desocupadas; creación de una unidad de lucha contra el fraude; regulación del régimen sancionador; y la elaboración de un censo único de solicitantes de viviendas protegidas por parte de VINSA.
Asimismo, el consejero Burguete ha indicado que en materia de suelo la Ley de Ordenación del Territorio, aprobada en marzo de 2003, estableció un avance muy importante, "ya que el 50% de todas las nuevas promociones deben ser viviendas de protección pública", y ha hecho hincapié en la figura del Banco Foral de Suelo Público, por el cual por cada 100 m² construidos se ceden 10 m² de suelo para la construcción de residencias o viviendas de titularidad pública: "Así, el Banco Foral de Suelo Pública –ha señalado el consejero- dispone ya de terreno para edificar 700 viviendas protegidas destinadas al alquiler".
