Castellano | Euskara | Français | English
Compártelo
Propuesta la creación de un Observatorio para impulsar políticas de responsabilidad social empresarial en Navarra
viernes, 16 de febrero de 2007El consejero Burguete ha presidido un acto en el que Ramón Jaúregui ha presentado el informe del Congreso sobre RSE
Imagen de la presentación del informe.
(
ampliar imagen
)
El Foro de Responsabilidad Social Empresarial de Navarra (RSE), coordinado por el Centro de Recursos Ambientales de Navarra y la Fundación Gaztelán, ha celebrado esta mañana un acto en el en el que se ha propuesto la creación de un Observatorio de RSE que elabore las políticas públicas de fomento de esta materia y facilite el diálogo entre los distintos grupos de interés, así como una estructura gubernamental que coordine todas las acciones. La propuesta surge con motivo de la presentación de las conclusiones del informe sobre Responsabilidad Social Empresarial (RSE) del Congreso de los Diputados.
Las conclusiones han sido presentadas este mediodía en un acto que ha contado con la presencia del consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda, José Andrés Burguete Torres, y en el que ha participado el diputado Ramón Jaúregui, quien ha presidido la Subcomisión encargada de elaborar el informe en el Congreso.
La Subcomisión para el fomento de la RSE del Congreso de los Diputados fue constituida en el seno de la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales en septiembre de 2004. Al menos 50 representantes de entidades muy diversas tales como Universidades, empresas, ONGs, consumidores, administraciones públicas, comunidades autónomas y expertos han comparecido en esta Subcomisión cuyo trabajo ha consistido en realizar un resumen de todos los datos que han resultado de la misma en un documento. Este informe servirá para la elaboración de una futura ley sobre RSE.
Según las conclusiones del informe presentado, la Responsabilidad Social de la Empresa significa que además de cumplir con las leyes vigentes, las empresas y organizaciones deben integrar en su gestión y estrategias las preocupaciones sociales, laborales medioambientales y de respeto a los derechos humanos. Asimismo, esta gestión estará basada en el diálogo con los grupos de interés de la organización y en la responsabilidad que se deriva de sus acciones e impactos.
Este documento, en el que se incluyen más de medio centenar de recomendaciones dirigidas a las empresas, las administraciones públicas y las organizaciones sociales, no marca unos objetivos concretos sino que parte de la consideración que la RSE es un camino que las empresas deben recorrer en su afán por integrar en su estrategia los intereses de sus grupos afines, especialmente trabajadores y comunidad. De la misma forma, las conclusiones del documento reiteran la voluntariedad de la RSE pero se insiste sobre todo en la necesidad de que sean las administraciones públicas quienes construyan políticas de apoyo y fomento de la misma.
De esta manera, se destaca que la exigencia de la responsabilidad no “no debe ser algo exclusiva de las empresas” por lo que debería hablarse de “responsabilidad social de las organizaciones”. Y por este motivo se insiste en la importancia de que las administraciones públicas “por su enorme volumen de contratación de bienes y servicios, estimulen a las empresas que producen bienes o servicios más sostenibles y responsables a través de su política de contratación”. En el mismo sentido se señala que las grandes empresas tienen “con sus largas cadenas de proveedores, una oportunidad única de incentivar el camino hacia la RSE”.
Los consumidores, los inversores, los medios de comunicación, los sindicatos y las ONGs son otros de los actores que se señalan como promotores de iniciativas que favorezcan el desarrollo de la RSE. Estos sectores, junto a los citados anteriormente, deben complementar esfuerzos y energías para promocionarla conjuntamente.
Asimismo, el informe recomienda la autorregulación sectorial de la RSE para los diferentes sectores de actividad de ámbito supranacional y exige que se mejores la verificación de las memorias de sostenibilidad y se pide al Gobierno que regule o fomente la inversión socialmente responsable.
- Documentación:
- Noticia completa.
