Castellano | Euskara | Français | English
Compártelo
Miranda considera que la construcción de la Autovía del Camino ha tenido una adecuada gestión económica miércoles, 26 de septiembre de 2007
El vicepresidente segundo y consejero de Economía y Hacienda, Álvaro Miranda Simavilla, ha defendido la actuación del Gobierno de Navarra en el contrato de construcción de la Autovía del Camino y las modificaciones introducidas en el mismo, que, según ha destacado, han sido “plenamente legales”, al tiempo que ha calificado como “muy buena” la gestión desde el punto de vista económico.
El consejero ha ofrecido esta mañana una rueda de prensa para valorar el informe de la Cámara de Comptos sobre la citada obra, en el que se recogía un incremento de 55 millones de euros en el precio de la obra debido a la revisión de precios y al sobrecoste por el adelanto en la finalización.
En este sentido, Álvaro Miranda ha explicado que la obra ha tenido un sobrecoste final de 26,8 millones de euros sobre un presupuesto inicial de 323,9 millones de euros, lo que supone un 8,3%, “un porcentaje que está dentro de los parámetros normales de la obra pública, y más teniendo en cuenta que se trata de una obra de gran envergadura y muy compleja, con 70 kilómetros de autovía y 80 km de carreteras locales reformadas, en la que se han atendido todas las demandas de los ayuntamientos”.
Este incremento ha estado motivado por las modificaciones ejecutadas a instancia de los municipios (6,9 millones de euros) y por el sobrecoste del adelanto siete meses en la puesta en servicio (19,9 millones de euros). Sobre este último aspecto, resaltó que tras meses de estudio, el Gobierno valoró que los beneficios del adelanto, especialmente los relacionados con la seguridad vial y la evitación de accidentes, compensaban el incremento en el precio.
A la cifra anterior hay que añadir otros 35,6 millones de euros correspondientes a la revisión oficial de precios aceptada a la concesionaria. Sobre esta cuestión, el consejero ha indicado que en el pliego del concurso este apartado no estaba suficientemente reconocido, como sí ocurre en los pliegos de otras obras. “La empresa concesionaria planteó una reclamación administrativa para que se reconociera la revisión de precios y tanto los informes de los técnicos, como los administrativos, los económicos y los jurídicos entendieron que la adjudicataria tenía derecho a dicha revisión”, agregó.
Por todo ello, Álvaro Miranda, aunque ha mostrado su total respeto al informe de la Cámara, ha defendido la actuación del Gobierno, destacando que ésta se ha fundamentado en argumentos sólidos “y, por supuesto, plenamente legales”.
