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Expertos abogan por una tarifa eléctrica que no sea deficitaria para evitar un uso irresponsable de la energía
viernes, 28 de septiembre de 2007El Centro de Recursos Ambientales celebró la mesa redonda “Contratación eléctrica, mercado liberalizado y generación eléctrica renovable”
En la imagen, de izquierda a derecha, Javier Treviño, Ramón Tejadas, Alicia Erdociáin, José Luis García Ortega, y Javier García Breva.
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Las tarifas eléctricas no deberían situarse por debajo del coste real que supone la generación y distribución de electricidad y asumir sus costes ambientales. Ésta fue una de las conclusiones a las que llegaron los expertos participantes en la mesa redonda “Contratación eléctrica, mercado liberalizado y generación eléctrica renovable” celebrada recientemente por el Centro de Recursos Ambientales, fundación adscrita al Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, en Civican. Este déficit tarifario, favorece, según afirmaron los expertos, el “derroche energético” que se produce en la actualidad.
La mesa redonda celebrada ha formado parte del programa de medidas incluidas en el convenio firmado entre el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE) y el Gobierno de Navarra para la ejecución del Plan de Acción de la Estrategia Española de Ahorro y Eficiencia Energética (E4), donde se incluyen acciones de comunicación y sensibilización dirigidas a sectores específicos y al público en general.
En el debate, al que asistieron casi un centenar de personas que intervinieron con diversas preguntas, participaron como ponentes Javier Treviño, delegado de la zona norte de Red Eléctrica de España; Javier García Breva, director General de SOLYNOVA, miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA) y director general de IDAE entre mayo de 2004 y noviembre de 2005; Ramón Tejadas, delegado en Navarra de Iberdrola; y José Luis García Ortega, del Área de Energía de Greenpeace España. Asimismo, estuvo moderado por la periodista Alicia Erdociáin.
Javier Treviño, consideró la complejidad del funcionamiento del sistema de suministro eléctrico en el que “se debe garantizar la seguridad en el suministro, la competitividad y el respeto al medio ambiente dentro del mercado liberalizado”. En sus conclusiones destacó que desde el punto de vista de la generación, ninguna opción tecnológica debería ser descartada: bien por su contribución a la mejora de la dependencia energética o su escaso impacto medioambiental, o por su contribución para garantizar el suministro. En cualquier caso, apuntó que para la comparación de costes entre las diversas tecnologías, deberían internalizarse los costes medioambientales.
Por otra parte, incidió en que es imprescindible aumentar la eficiencia en el consumo energético: “La energía más verde es la no consumida” y gestionar la demanda para reducir y racionalizar el consumo.
En su intervención, Javier García Breva calificó de “irresponsable” la congelación del precio de las tarifas eléctricas frente al “derroche energético”. En este sentido consideró que los efectos económicos del cambio climático se han cuantificado en estudios como el informe Stern y la solución pasa “por una correcta gestión de la demanda”. Con relación a esto último consideró que “el estado, regulador del sistema eléctrico, debe enviar señales al mercado que estimulen a los consumidores para el ahorro energético y para ello no debe establecer un previo barato de la electricidad”. “Por otro lado debe garantizar la estabilidad de las primas a las renovables que animen a las empresas a la inversión”, afirmó.
Respecto a la internalización de los costes ambientales en la tarifa eléctrica recordó que en España el 85% de la energía se importa desde otros países y por tanto “aquí toda energía sale cara”. A este respecto, abogó por el impulso a las renovables “porque ahorran las importaciones de petróleo y gas natural y emisiones de CO2”. Respecto a la “energía verde” comercializada por algunas compañías eléctricas afirmó que el sistema utilizado “no garantiza” que lo sea en su totalidad y debería aprobarse “un etiquetado eléctrico uniforme”.
Por su parte, Ramón Tejadas coincidió con sus compañeros de mesa en que las tarifas eléctricas no han recogido el precio final de la energía “lo que produce un déficit estructural y bloqueo de la comercialización”, aunque discrepó con la idea que fue lanzada en el debate de que “las empresas comercializadoras queremos que se consuma más energía”. Además, consideró como válidas las certificaciones de energía verde utilizadas por su compañía para garantizar la procedencia de la electricidad desde fuentes renovables a los consumidores.
El representante de Greenpeace, José Luis García Ortega, expuso la campaña puesta en marcha por su organización “Queremos saber, queremos elegir” en la que se proponía la creación de un etiquetado de “energía verde” obligatorio y uniforme para toda la energía eléctrica además de abogar por una tarifa de precios que refleje los costes, sea favorable al medio ambiente, una separación entre las actividades de comercialización libre y distribución, garantía de origen de la electricidad unida a la propia electricidad y la participación de los consumidores.
En este sentido destacó que Greenpeace había firmado un convenio con distintas asociaciones de consumidores “cuyo objetivo es promover el consumo responsable con el medio ambiente y unir fuerzas por el derecho a elegir electricidad limpia”. En su intervención reiteró también la propuesta lanzada por Greenpeace para abastecer el 100% de la electricidad del Estado a partir de fuentes renovables para el año 2050.
