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Una jornada organizada por la ANET analiza la Ley de Contrato de Transporte Terrestre de Mercancías
lunes, 03 de noviembre de 2008La directora general de Transportes, Susana Labiano Bastero, presidió la semana pasada la apertura de la jornada dedicada a la futura Ley de Contrato de Transporte Terrestre de Mercancías, que organizó la Asociación Navarra de Empresas del Transporte (ANET), con motivo de la reciente aprobación, el pasado 24 octubre, del anteproyecto de ley por el Consejo de Ministros.
La directora general de Transportes preside la apertura de la jornada.
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En el acto intervinieron, asimismo, el subdirector general del Ministerio de Fomento, Emilio Sidera Leal; el vicepresidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Unión Internacional de los Transportes por Carretera (IRU), Francisco Sánchez Gamborino; el director del Centro de Derecho Internacional del Transporte (CEDIT), Fernando Martínez Sanz; y el vicepresidente de la Sección de Mercancías de la ANET, Rafael Irigoyen Miquelarena.
A lo largo de la jornada se abordó el contenido de la ley. Una normativa, que tal como indicó la directora general de Transportes, “responderá a la necesidad imperiosa de regular y adecuar a los tiempos actuales el contrato de transporte terrestre de mercancías, ya que el Código de Comercio de 1885, actualmente vigente, ha sufrido modificaciones parciales en materias bancarias y de seguros, pero no en lo que afecta al transporte. Y es necesario un instrumento más eficaz para regular las relaciones de las diferentes partes que intervienen en los contratos de transporte”.
El proyecto de ley sigue de cerca el Convenio de Transporte Internacional de Mercancías por Carretera y las reglas uniformes CIM/99, en la línea de otros países europeos, pero presenta también novedades, entre las que pueden destacarse las siguientes: una regulación del transporte multimodal o el hecho de que incorpore los compromisos adquiridos con el sector tras el paro realizado en junio; que introduzca la cláusula de revisión del precio del contrato en función del incremento del precio del gasóleo; que incluya indemnizaciones por la paralización de los transportes; y que fije los procedimientos para el pago a 30 días y los intereses de demora en el pago.
Se espera que con la nueva ley se modernice el régimen jurídico del contrato de transporte terrestre en España y se equipare con los ordenamientos jurídicos del entorno europeo, de modo que se facilite la mejora de la competencia en el mercado.
