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Navarra se compromete a colaborar con el Gobierno Central para modernizar la Administración de Justicia
viernes, 30 de enero de 2009El vicepresidente Caballero ha asistido esta mañana a una reunión que han mantenido las comunidades con competencias en la materia y en la que han acordado estrechar lazos con el Ministerio de Justicia
Las comunidades autónomas con competencias en materia de Administración de Justicia han manifestado su compromiso de liderar, junto con el Gobierno Central, la mejora y modernización de la Justicia. Así lo ha acordado hoy en Barcelona la Comisión de Coordinación de estas regiones, en la que participan Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Cataluña, Madrid, País Vasco, Valencia y Navarra.
En representación de la Comunidad Foral ha asistido al encuentro el vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Javier Caballero Martínez, al que acompañaba el director general de Justicia, Roberto Rubio Torrano.
Para poder llevar a cabo ese compromiso con el Ministerio de Justicia, las comunidades señalan que, manteniendo el carácter nacional de los cuerpos de funcionarios, es preciso profundizar en el traspaso de todas las competencias de ejecución y gestión en materia de personal al servicio de la Administración de Justicia. Entre otros indica la convocatoria de plazas y las pruebas de selección, incluida la aprobación completa de las relaciones de puestos de trabajo (RPT), con las salvedades que procedan para garantizar la homogeneidad: temario único y traslado, así como procedimiento disciplinario y tipificación de infracciones común.
En el acuerdo adoptado se recuerda que las comunidades autónomas con traspasos en materia de Justicia continúan impulsando y apuestan por la implantación plena de la nueva oficina judicial definida en la LOPJ de 2003. Para ello, están modernizando las infraestructuras judiciales, los sistemas informáticos de soporte a la nueva organización y la organización de la oficina judicial, creando servicios comunes generales, para cuyo éxito es necesario, en cualquier caso, la aprobación de las reformas procesales dentro del actual período de sesiones, y que el Ministerio de Justicia dote las plazas de los secretarios judiciales que resulten necesarias para el despliegue de los servicios comunes procesales y, entre otras cuestiones, asuma el compromiso de sufragar cuantos costes resulten necesarios, en el ámbito de su responsabilidad, para garantizar la correcta interoperabilidad de todos los sistemas de gestión procesal existentes en las distintas comunidades autónomas.
Igualmente, y como medida para agilizar la Administración de Justicia, proponen la potenciación de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, mediante la desjudicialización de las reclamaciones de pequeña entidad o de índole administrativa, el impulso de sistemas de mediación intra y extrajudicial y del arbitraje, y la desvinculación de los registros civiles del ámbito judicial. Por otro lado, proponen el traspaso a las comunidades autónomas de las competencias en materia de demarcación y planta judicial.
Asimismo, y en lo que se refiere a tecnologías de la información y la comunicación, las comunidades autónomas expresan su compromiso de continuar avanzando en sistemas de gestión que posibiliten la implantación del expediente electrónico judicial, así como desarrollar un sistema que permita compartir información entre diferentes instituciones aprovechando los trabajos realizados en el test de compatibilidad. Señalan, además, que para la consecución de este objetivo es necesaria la participación activa del Ministerio de Justicia y del Consejo General del Poder Judicial. El correcto funcionamiento de los Registros Centrales u otras aplicaciones, indican, exige que vayan acompañados de un mecanismo de interoperabilidad que garantice su integración en los sistemas de gestión procesal.
En este contexto general las comunidades proponen que se convoque la Comisión mixta de comunidades autónomas, Consejo General del Poder Judicial y Ministerio de Justicia, donde entre todas las partes implicadas se acuerde un calendario coordinado de modernización de la Administración de justicia.
Justicia gratuita
Un apartado del acuerdo va referido a la Justicia gratuita, ámbito en el que las comunidades autónomas con competencias en materia de Justicia proponen implantar, en todas las fases de prestación del servicio público de asistencia jurídica gratuita, indicadores o instrumentos de evaluación y mejora de la calidad, así como incorporar mecanismos telemáticos a la solicitud y tramitación de los expedientes de asistencia jurídica gratuita. En este ámbito apuntan también la conveniencia de promover la resolución alternativa de conflictos para la satisfacción de las pretensiones de los ciudadanos, y señalan la conveniencia de establecer la obligación de que las personas físicas cumplan el requisito de insuficiencia de recursos en todas las jurisdicciones para poder ser beneficiarias del servicio público de asistencia jurídica gratuita.
