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Las comunidades autónomas con competencias en Justicia celebrarán su próxima reunión en Pamplona
miércoles, 04 de febrero de 2009Han acordado solicitar al Ministerio el traspaso de todas las competencias en materia de personal al servicio de la Administración de justicia
Los consejeros -en el centro Javier Caballero- en Barcelona.
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Las Comunidades Autónomas con competencias en materia de Administración de Justicia, reunidas recientemente en Barcelona, han acordado celebrar su próxima reunión, en otoño, en Pamplona. Estas comunidades integran una Comisión de Coordinación en la que participan los respectivos consejeros de Justicia de Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Cataluña, Madrid, Navarra, País Vasco y Valencia. La decisión de reunirse en Pamplona fue a propuesta del representante de Navarra, el vicepresidente Primero y consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Javier Caballero Martínez,
La Comisión de Coordinación acordó en Barcelona hacer público el compromiso de liderar, junto con el Ministerio, la mejora y modernización de la justicia. Para poder llevarlo a cabo opinan que, manteniendo el carácter nacional de los cuerpos de funcionarios, es preciso profundizar en el traspaso de todas las competencias de ejecución y gestión en materia de personal al servicio de la Administración de Justicia, como la convocatoria de plazas y las pruebas de selección, incluida la aprobación completa de las relaciones de puestos de trabajo, con las salvedades que procedan para garantizar la homogeneidad: temario único, traslado, procedimiento disciplinario y tipificación de infracciones común.
En el acuerdo adoptado se recuerda que las comunidades autónomas con traspasos en materia de justicia apuestan por la implantación plena de la nueva oficina judicial definida en la LOPJ de 2003. Para ello están modernizando las infraestructuras judiciales, los sistemas informáticos de soporte a la nueva organización y la organización de la oficina judicial, creando servicios comunes generales, para cuyo éxito es necesario, en cualquier caso, la aprobación de las reformas procesales dentro del actual período de sesiones, y que el Ministerio de Justicia dote las plazas de los secretarios judiciales que resulten necesarias para el despliegue de los servicios comunes procesales, y, entre otras cuestiones, asuma el compromiso de sufragar cuantos costes resulten necesarios, en el ámbito de su responsabilidad, para garantizar la correcta interoperabilidad de todos los sistemas de gestión procesal existentes en las distintas comunidades autónomas.
Igualmente, y como medida para agilizar la administración de justicia, proponen la potenciación de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, mediante la desjudicialización de las reclamaciones de pequeña entidad o de índole administrativa, el impulso de sistemas de mediación intra y extrajudicial y del arbitraje, y la desvinculación de los registros civiles del ámbito judicial. Por otro lado, proponen el traspaso a las comunidades autónomas de las competencias en materia de demarcación y planta judicial.
Asimismo, y en lo que se refiere a tecnologías de la información y la comunicación, las comunidades autónomas expresan su compromiso de continuar avanzando en sistemas de gestión que posibiliten la implantación del expediente electrónico judicial, así como desarrollar un sistema que permita compartir información entre diferentes instituciones aprovechando los trabajos realizados en el test de compatibilidad. Para la consecución de este objetivo es necesaria, además, señalan, la participación activa del Ministerio de Justicia y del Consejo General del Poder Judicial. El correcto funcionamiento de los Registros Centrales u otras aplicaciones, indican, exige que vayan acompañados de un mecanismo de interoperabilidad que garantice su integración en los sistemas de gestión procesal.
