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La Policía Foral visita en un mes 244 viviendas protegidas para comprobar que se destinan a residencia habitual

viernes, 27 de febrero de 2009

La Policía Foral ha inspeccionado en casi un mes, desde el pasado 4 de febrero, 244 viviendas protegidas para determinar si están ocupadas por los adjudicatarios o si el arrendatario cuenta con un contrato visado por el Gobierno de Navarra. En total, visitará 260, de acuerdo con el Plan de Control e Inspección 2009-2010 que el departamento de Vivienda y Ordenación del Territorio puso en marcha en diciembre.


Dos policías de paisano, visitando uno de los edificios. ( ampliar imagen )

Los controles incluyen el cien por cien de los pisos – alrededor de 70- cuyos titulares ya fueron sancionados en 2007 y 2008. Además, el departamento está enviando cartas a un millar de propietarios para requerirles las facturas con los consumos de agua, electricidad y gas de los últimos 14 meses. Esta campaña de inspecciones concluirá en junio, aunque la Policía Foral trasladará al departamento los posibles casos de arrendamiento fraudulento que detecte para proceder a la correspondiente incoación del expediente sancionador.



Las inspecciones se están centrando en viviendas situadas en Pamplona y Comarca, pero también en localidades como Tudela, Cabanillas, Etxarri-Aranatz, Olite o Cintruénigo, en pisos promovidos sobre suelo público (Sarriguren, Mendillorri, patrimonio municipal de suelo etc), con titulares que han recibido ayudas económicas, con más de un año transcurrido desde su calificación definitiva, y también si existe denuncia por presunta desocupación de la vivienda.



Las 244 visitas realizadas hasta la fecha se han producido en Ansoáin (4), Artica (18), Ayegui (2), Barañáin (4), Beriáin (2), Berrioplano (7), Berriozar (11), Burlada (1), Cabanillas (4), Corella (2), Cortes (2), Estella (2), Huarte (7), Monteagudo (3), Mutilva Alta (11), Mutilva Baja (3), Sarriguren (103), Tudela (5) y Villava (9).



Esta actuación forma parte del Plan de Inspección de la Vivienda 2009-2010, que contempla la inspección de más de 2.000 viviendas para garantizar el cumplimiento de la ley. Además, el Pacto Social por la Vivienda 2008-2011 firmado entre el Gobierno de UPN-CDN y el PSN también recogió la voluntad de incrementar estas medidas de control. De hecho, la futura Ley Foral del Derecho a la Vivienda endurecerá el régimen sancionador.



Como se recordará, las viviendas protegidas deben ser ocupadas en el plazo de seis meses desde la calificación definitiva como vivienda protegida en régimen de compraventa. Por otro lado, las viviendas calificadas para el alquiler, así como las rehabilitadas con ayudas públicas, deben ser ocupadas en el plazo máximo de tres meses. Si el titular sobrepasa ese plazo en menos de un año, comete una infracción leve (multa de entre 300 y 3.000 euros); si lleva un año o más sin habitar la vivienda, la falta es grave (sanción de entre 3.001 y 30.000 euros).



No superar una primera y una segunda inspección supone una multa. A la tercera, el adjudicatario perdería la vivienda. El Gobierno se la compraría al precio en el que esté el módulo ese año y sería adjudicada a otra persona.



Desde 2002, año en el que comenzaron los controles de residencia, no se ha expropiado ninguna vivienda. Según explicó recientemente el consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, Carlos Esparza, el motivo es doble. Primero, la ley es relativamente reciente, de 2004, y para practicar las tres inspecciones deben pasar una serie de plazos. Pero la razón principal es que con el primer expediente sancionador prácticamente todo el mundo pasa a ocupar la vivienda.



El consejero avanzó que en la futura Ley Foral de Derecho a la Vivienda se va a reducir el número de requerimientos de ocupación necesarios para expropiar el piso protegido. Si se detecta que un piso no ha sido ocupado en el plazo legal y ha pasado más de un año, se abriría un expediente sancionador. Si en un mes siguiera desocupado, la vivienda sería expropiada.



Las inspecciones en este ámbito comenzaron a finales de 2002, con 200 viviendas controladas. Desde entonces, el número ha ido aumentando de manera significativa. En 2008, el Ejecutivo inspeccionó casi un millar de viviendas. Como consecuencia de estas inspecciones, el departamento abrió diligencias preliminares en 55 casos, incoándose expediente sancionador a 35 personas, de las que 20 ya han sido sancionadas con multas que, en el caso de las viviendas situadas en Pamplona y su comarca, rondaban los 4.500 euros, encontrándose todavía 15 expedientes pendientes de resolución. Además, alrededor de 20 casos fueron remitidos a la Policía Foral.



El objetivo de estos controles es asegurar que las viviendas protegidas se destinan a domicilio habitual y permanente del propietario o arrendatario – el contrato tiene que estar visado por el departamento- y que en ningún caso constituye una segunda residencia ni permanece desocupada. El departamento también pretende generar la conciencia social de que estas viviendas deben ocuparse, pues lo contrario constituye un fraude al resto de los ciudadanos.



Preguntas a los vecinos



Dos agentes de paisano de la brigada de Juego y Espectáculos de la Policía Foral realizan las inspecciones en viviendas de acuerdo con los listados entregados por el departamento y se encargan de recabar todos aquellos indicios o pruebas sobre la ocupación o arrendamiento, incidencias que se recogen en actas diseñadas a tal efecto.



En caso de que nadie abra la puerta, entrevistan a los vecinos y, si la vivienda está arrendada, se solicitan los datos del arrendatario, el precio y el visado del Gobierno de Navarra. Por cada visita se rellena un acta, esté o no el titular de la vivienda, y los documentos son elevados al departamento. Las visitas se producen en distintos horarios y se lleva a cabo un mínimo de dos controles.



Gobierno de Navarra

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