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Navarra reclama al Gobierno Central la financiación prometida para dependencia martes, 22 de septiembre de 2009
García Malo ha pedido al Ministerio de Sanidad y Política Social que cumpla con el compromiso adquirido y aporte el 33% del coste de la dependencia
García Malo y Jiménez, antes de la reunión del Consejo Territorial sobre Dependencia.
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La consejera de Asuntos Sociales, Familia, Juventud y Deporte, María Isabel García Malo, ha participado hoy en la reunión del Pleno del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia que ha tenido lugar en Madrid, donde ha solicitado a la ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, que cumpla lo que establece la Ley de Dependencia y aporte la cuantía económica que le corresponde abonar al Gobierno Central.
En el transcurso de la reunión se han aprobado los dos acuerdos previstos en el orden del día: el primero sobre objetivos y contenidos comunes de la información del Sistema de Información del SAAD y el segundo sobre criterios comunes en materia de formación e información de cuidadores no profesionales.
García Malo ha mostrado su satisfacción por haber alcanzado finalmente un acuerdo en torno al Sistema de Información del SAAD y ha recordado que “era una petición reiterada por parte de la Comunidad Foral el consensuar los datos y validar las estadísticas por parte de las comunidades autónomas, antes de que se publicaran”. Según la consejera, “desde Navarra se había pedido en varias ocasiones que las informaciones que respecto de la aplicación de la Ley de Dependencia se generan, respondan siempre a una información veraz y coherente con la realidad”.
Por otro lado, García Malo ha solicitado que, “no se consideren como oficiales las estadísticas que se derivan del sistema de información que hoy se ha aprobado, hasta que la comisión delegada no las consensúe”. En este sentido, García Malo ha transmitido a la ministra Jiménez que su ministerio tiene un papel relevante con relación a un mayor apoyo a las comunidades autónomas, a lo que ha añadido “seguimos estando en deuda con la población en una correcta visión de lo que supone este cambio de sistema, no sólo en cuanto a que tienen un derecho nuevo, sino también respecto a lo que cuesta ponerlo en marcha”.
Financiación estatal
En otro orden de cosas, la consejera ha trasladado al Consejo su preocupación por la financiación estatal y ha pedido al Ministerio, “que cumplan con lo acordado en la Ley”. García Malo ha señalado que, “según la Ley de Dependencia, el Estado tiene la obligación de aportar el 33% del coste en esta materia, y, actualmente, está aportando algo más de un 8% a Navarra, vía descuento en el Convenio Económico”. Por ello, ha manifestado que el “peso” de la aplicación de la Ley de Dependencia lo están llevando las comunidades autónomas, quienes sienten el “abandono” por parte del Gobierno Central.
García Malo ha enfatizado además en que la aplicación de la ley y la atención a las personas dependientes “es una cosa de todos, un esfuerzo común”, y que por ello, considera que “éste es el foro más adecuado para exigir la financiación prometida y la obligada por ley, que no está llegando a las comunidades y que nos está dificultando el mejor y más completo desarrollo de la Ley de Dependencia”.
Por todo ello, la consejera ha solicitado en primer lugar, que el Gobierno Central aumente la cuantía global que destina a la dependencia hasta cumplir con el 33% de los niveles mínimo y acordado. “Este es el primer paso, aumentar la financiación y consolidarla en el tiempo”, ha señalado.
Y, en segundo lugar, ha reclamado que se corrijan los criterios de reparto, y se realicen en función de la prestación con la que se atiende a las personas con derecho reconocido. “En Navarra, con el programa CONCERDEP, estamos concertando todas las plazas residenciales ocupadas por personas con alta dependencia”, ha indicado García Malo. “Llevamos ya 653 plazas autorizadas, de las cuales, 380 son plazas nuevas con el siguiente coste: aportamos un máximo de 2.350 euros mensuales por plaza ocupada y un mínimo de 1.744 euros mensuales por plaza ocupada, según grado de dependencia y servicios necesarios para su correcta atención”.
