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El Gobierno ofrecerá a Instituciones Penitenciarias plazas para penas de trabajos en beneficio de la comunidad lunes, 24 de mayo de 2010

El Ejecutivo foral firmará próximamente un convenio de colaboración con la Administración Central en este sentido


El Gobierno de Navarra pondrá a disposición de Instituciones Penitenciarias plazas en varios centros y organismos públicos para el cumplimiento de trabajos en beneficio de la comunidad. La articulación de esta colaboración con Administración del Estado se formalizará mediante la firma de un convenio, autorizado en la sesión celebrada hoy por el Ejecutivo foral.

El Gobierno de Navarra atenderá de esta forma la petición cursada por la Administración del Estado, que solicitó la colaboración ante la escasez de recursos disponibles en la Comunidad Foral para el cumplimiento de medidas alternativas a la prisión. El convenio, que ha sido suscrito con otras Comunidades Autónomas, será firmado por el convenio el vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Javier Caballero Martínez.

Las medidas penales alternativas fueron introducidas en el Código Penal en 1995 y reforzadas en 2004, con la aprobación de la Ley de Protección Integral contra la Violencia de Género. Acordadas por la autoridad judicial, pueden ser trabajos en beneficio de la comunidad, aplicación de medidas de seguridad no privativas de libertad, libertad condicional, etc.

Persiguen la resocialización (la pena impuesta debe guardar relación con el tipo delictivo) de personas sin antecedentes penales que han cometido delitos castigados con hasta 2 años de prisión. El cumplimiento de la pena debe realizarse en el ámbito de la Comunidad Foral, y debe adaptarse a la jornada laboral ordinaria del penado.

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias hace de puente entre los órganos judiciales y los servicios comunitarios, y la Dirección General de Justicia del Gobierno de Navarra le corresponde también la coordinación de medidas tendentes a la rehabilitación y reinserción social de detenidos y excarcelados, un campo en el que, según las partes, “resulta evidente la necesaria colaboración” entre ambas administraciones.



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