Castellano | Euskara | Français | English
Compártelo
contacto de esta sección
Atención Ciudadana
Tel.: 948 012012
012*
Horario:
De 8h a 19h de lunes a viernes.
E-mail: navarra@navarra.es
*Coste de la llamada: 0'34 euros independientemente de la duración.
Función Pública abre un expediente disciplinario a 13 miembros de la comisión de personal de la Policía Foral viernes, 04 de junio de 2010
Los informes previos detectan posibles faltas disciplinarias graves por el comunicado enviado a los medios de comunicación con motivo de la festividad anual del Cuerpo
El director general de Función Pública, Gregorio Eguílaz Gogorza, ha resuelto incoar un procedimiento disciplinario a la vista de las conclusiones de la información previa que se puso en marcha tras los hechos. El procedimiento no afecta a aquellos miembros de la Comisión de Personal –una tercera parte de la misma – que han negado su participación o manifestado desconocer el origen o la autoría del comunicado y se han desvinculado del mismo en la citada fase previa.
Según la resolución suscrita por el director general, “sin perjuicio del debido respeto a la defensa de la acción sindical, a la libertad de expresión sindical y la legitimidad de la crítica sindical que como representantes del personal tienen”, las manifestaciones realizadas "pudieron exceder" estos límites, dada “la gravedad de las imputaciones realizadas, el perjuicio que pudieran producir en el funcionamiento del servicio público de seguridad, así como el deterioro de la imagen de la Policía Foral de Navarra”.
El informe de conclusiones de la información previa recoge que el contenido y difusión pueden suponer un “incumplimiento por negligencia grave de los deberes y obligaciones que se derivan de la función policial” y constituir por tanto infracciones de carácter grave al régimen disciplinario recogidas en el artículo 60 de la Ley Foral 8/2007 de Policías de Navarra, que otorga dicha calificación a la falta de respeto a los ciudadanos, autoridades, superiores, compañeros o subordinados (apartado d); a las declaraciones públicas hechas a personas ajenas al Cuerpo o a los medios de comunicación que perjudiquen de forma grave y notoria la prestación del servicio (apartado j); y el incumplimiento por negligencia grave de los deberes y obligaciones que derivan de la función policial (apartado x).
Tras la difusión en prensa del comunicado los días 28 de febrero y 2 de marzo, el director general de Interior, Juan Ramón Rábade Iráizoz, ordenó el 5 de marzo la apertura de una información previa para esclarecer lo ocurrido. El 15 de abril, comunicó su abstención en el procedimiento, al considerar que podía concurrir alguno de los motivos de abstención previstos en la legislación (interés personal en el asunto).
El consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Javier Caballero Martínez, la aceptó y designó al director general de Función Pública, Gregorio Eguílaz Gogorza, para conocer el resultado de la información, y es después de conocida ésta cuando el director general ha iniciado el procedimiento disciplinario y ha nombra al instructor del mismo. El plazo máximo de resolución y notificación del procedimiento es de seis meses. Contra la resolución cabe interponer recurso de alzada.
