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El Gobierno de Navarra acuerda personarse en el recurso de inconstitucionalidad del Estado contra el endeudamiento de entidades locales lunes, 18 de abril de 2011
Encomienda su defensa y representación a la asesoría jurídica del Ejecutivo foral
Transcripción textual del video
Desde el Gobierno de Navarra se considera que estamos ante una grave e injusta situación que afecta a las competencias de Navarra tal como recoge la propia Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento de Navarra y que deja a
También decirles informarles que a la fecha de la suspensión de esta norma impugnada y de acuerdo con el estudio inicial que se ha llevado a cabo serían 90 las entidades locales de Navarra que tienen autorizadas inversiones en base a criterios de viabilidad amparados por la normativa foral y que se van a encontrar ante la imposibilidad de suscribir créditos para sufragar obras en muchos casos iniciadas e incluso próximas a su finalización, con un importe total estimado de 44,5 millones de euros, que se correspondería con una aportación local de 10.150.000 euros.
Esta situación va a producir indefectiblemente el impago a constructoras que han cumplido con sus compromisos contractuales, soportando el coste de las obras y poniendo en una situación crítica al sector empresarial, que por cierto es el sector más afectado por la crisis económica que venimos padeciendo.
la norma foral permitía el endeudamiento de entidades locales para inversión en servicios básicos
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El Gobierno de Navarra ha acordado en su sesión de hoy comparecer y personarse en el recurso de inconstitucionalidad promovido por el presidente del Ejecutivo español, José Luis Rodríguez Zapatero, contra la Ley Foral 12/2010, de 11 de junio, por la que se adaptan a Navarra las medidas extraordinarias para la reducción del déficit público.
En Navarra, la medida afecta a 90 entidades locales, con inversiones previstas de hasta 44 millones de euros, de los que los ayuntamientos aportan 10,1. De no efectuarse estas infraestructuras se verían afectados más de 2.200 puestos de trabajo.
El recurso está dirigido contra el artículo 8.2 de la citada ley, que prevé la posibilidad de endeudamiento para inversiones de entidades locales autorizadas por el Ejecutivo Foral, una vez comprobada por el Departamento de Administración Local la viabilidad económica del proyecto, adaptación con la que Gobierno de España no está de acuerdo.
En concreto, el citado artículo estipula que las entidades locales que tengan obras acogidas a los Planes de Infraestructuras e Inversiones Locales para los periodos 2005-2008 y 2009-2012 “podrán concertar créditos para la financiación del porcentaje de aportación que les corresponda”, previo visto bueno del citado departamento. Para el resto de inversiones no acogidas a los Planes de Infraestructuras e Inversiones Locales, contempla la posibilidad de “concertar créditos previa autorización del Departamento de Administración Local, cumpliendo la normativa foral de aplicación y los objetivos para la reducción del déficit público correspondiente al año 2011 definidos en el Real Decreto-Ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público”.
Inseguridad jurídica para los entes locales
El Ejecutivo recibió el pasado 6 de abril el escrito del Tribunal Constitucional por el que se le notificó la admisión a trámite de este recurso de inconstitucionalidad contra esta parte del articulado, a fin de que pudiera personarse en el proceso y formular las alegaciones que estime convenientes.
La notificación, publicada en el Boletín Oficial del Estado dos días después, ha llegado acompañada de la orden de suspensión cautelar del precepto impugnado, una medida que el Ejecutivo foral ha reclamado que se revoque, ante la situación de “inseguridad jurídica” que genera para las entidades locales de Navarra con obras ya en marcha para la construcción de “infraestructuras básicas” de saneamiento, alumbrado, pavimentación y redes.
En su acuerdo de hoy, el Gobierno de Navarra encomienda la defensa y representación de la Comunidad Foral en este proceso a la asesoría jurídica del Ejecutivo foral y determina la partida presupuestaria desde la que se abonarán los gastos que origine la causa.Nota de prensa:
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