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En él se ha analizado el desarrollo de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación
Pleno del Consejo General de Política Científica y Tecnológica.
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El consejero de Educación, José Iribas, ha participado hoy en el 37º plenario del Consejo General de Política Científica y Tecnológica, que ha reunido en Zaragoza al secretario de Estado de Innovación, Felipe Petriz, y a representantes de todas las comunidades autónomas para analizar el desarrollo de la Ley de Ciencia, la Tecnología y la Innovación.
La normativa, aprobada el pasado 1 de junio, sustituye a la Ley de Ciencia de 1986, con el fin de adaptar la legislación española a los cambios que ha experimentado el sistema de I+D+i a lo largo de los últimos 25 años. La nueva ley, que entrará en vigor el 3 de diciembre, se desarrolla en torno a la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología (EECyT) y la Estrategia Española de Innovación.
La Estrategia Española de Innovación pretende establecer un marco común para todas las actuaciones que se van a realizar en el ámbito de la innovación y la EECyT, crear un marco de referencia para la coordinación y ejecución de las políticas de las administraciones públicas españolas en materia de investigación científica y técnica.
El secretario de Estado, Felipe Petriz, ha confirmado que la Ley extiende su horizonte temporal de aplicación hasta 2020, con una revisión en 2016, y que se implementa a través de la ejecución de planes de desarrollo y programas de trabajo plurianuales de las administraciones.
Además, ha asegurado que la misión de la EECyT se define a partir de cuatro ejes estratégicos: impulsar la excelencia, la profesionalización y la internacionalización de las instituciones e infraestructuras; incrementar la eficiencia; fomentar la colaboración entre los agentes del sistema y la articulación de las políticas científicas y tecnológicas de las administraciones públicas; y producir, identificar y atraer talento.
El Consejo General de Política Científica y Tecnológica es el encargado de establecer los mecanismos de colaboración entre el Gobierno central y las distintas comunidades autónomas, en materia de I+D+I.
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