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Una orden foral regula la ayuda para incorporación laboral y mejora de la empleabilidad viernes, 10 de febrero de 2012
Trata de evitar el vacío legal y la desprotección durante los meses que se demore la aprobación del futuro decreto foral que regulará definitivamente la ayuda para estos supuestos
La consejera de Política Social, Igualdad, Deporte y Juventud, Elena Torres Miranda ha explicado las principales características de esta normativa en rueda de prensa.
Según ha explicado la consejera, en primer lugar, está destinada a atender las necesidades básicas de las personas que se encuentran en dificultades sociolaborales y pretende favorecer su incorporación al mercado de trabajo o, cuando menos, propiciar una mejora de su empleabilidad.
La oden foral, que estará en vigor sólo unos meses, requiere una serie de obligaciones para el beneficiario, como la búsqueda activa de empleo o acudir a las entrevistas. Además, para poder acceder a la ayuda, la persona deberá estar empadronada en Navarra y acreditar residencia continua y efectiva de, al menos, 24 meses previos a la presentación de la solicitud.
El solicitante tendrá más de 45 años y menos de 65, si bien los mayores de 30 y menores de 45 también podrán acceder a esta ayuda si tienen hijos a cargo menores de edad o mayores de edad con una discapacidad del 65 por ciento, o si se tienen a menores en acogimiento.
Los importes de la ayuda
La ayuda asciende a 641,40 euros al mes, si bien la cuantía se incrementa cuando hay hijos a cargo o acogidos: con un hijo, 705,54 euros; con dos hijos, 769,68 euros, y con tres o más hijos, 833,82 euros.
La ayuda se concede por un período de seis meses, renovable hasta un máximo de dos años. Y la cantidad que se percibe es decreciente a partir del decimotercer mes. Entre el mes 13 y el 18 el importe de la ayuda será del 90% de la cuantía que corresponda al beneficiario según la tabla anterior, y a partir del mes 19, el importe será del 80 por ciento de la ayuda correspondiente.
Con el fin de no crear un vacío entre la entrada en vigor de la ley de renta de inclusión, que supone la desaparición de la renta básica, y la aprobación del decreto específico que regulará definitivamente la ayuda para la incorporación sociolaboral y la mejora de la empleabilidad, esta orden foral protegerá a ese colectivo con carácter retroactivo a 4 de febrero, fecha en la que entró en vigor la ley de renta de inclusión. Se pretende con ello que la cobertura legal esté garantizada en todo momento.
La consejera ha señalado que su Departamento está trabajando en el Decreto correspondiente conjuntamente con los Departamentos de Desarrollo Rural, Industria, Empleo y Medio Ambiente, para ofrecer políticas transversales a este colectivo.
Orden Foral de supuestos excepcionales y renovación extraordinaria de la renta
Por otra parte, se ha aprobado otra Orden Foral que regula los supuestos excepcionales y la renovación extraordinaria de la renta de inclusión social. Con esta Orden Foral, también transitoria hasta la aprobación del Decreto correspondiente, se resuelven las excepciones.
Así, en ella se excepcionan los requisitos de edad para que accedan también a la renta de inclusión social los menores de 25 años en determinadas circunstancias: si constituyen una unidad familiar independiente integrada por dos o más personas, en la que al menos una de ellas esté en un proyecto de incorporación sociolaboral; menores de 25 que constituyan una unidad familiar independiente con hijos o menores acogidos; o mayores de 18 años que procedan de programas de protección de menores, y que estén en programas de emancipación.
En relación con la renta disponible, también se excepcionan los casos de personas en exclusión que no tengan residencia propia o convivan con hermanos o progenitores y que estén en situaciones de desarraigo social por causas como toxicomanías, enfermedad mental u otros trastornos graves.
Se contempla, asimismo, excepción para quienes perciben gratificaciones por asistir a centros ocupacionales de inserción, a unidades familiares con ingresos que aporten menores de 18 años que esté en programas de inserción sociolaboral; y personas alojadas en recursos de acogida temporal que deben abordar un proceso de desinstitucionalización para ser autónomos.
En cuando a la renovación de la renta de inclusión social, superado el plazo de 24 meses, se efectuará en los siguientes supuestos: cuando el cuidado de los menores de la unidad familiar impida la incorporación laboral del solicitante; Cuando en la familia haya casos graves de salud que impidan trabajar al solicitante o al resto de los familiares; cuando uno de los miembros de la familia esté en un proceso intensivo de inserción sociolaboral inconcluso y cuente con informe favorable de prórroga; cuando el solicitante sea mayor de 60 años y tenga dificultades por su edad para encontrar trabajo; cuando haya personas carentes de apoyos familiares y afectivos y con un deterioro de la situación vital.
Con estas órdenes forales, ha dicho Torre, “y con los posteriores decretos, el Departamento demuestra que no deja a nadie fuera. Simplemente ordena las prestaciones para responder mejor y de manera más personalizada a situaciones muy distintas."
Nota de prensa:
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