Desarrollo de la jornada

La jornada, organizada por los departamentos de Políticas Sociales y de Fomento, fue abierta por el director general de Ordenación del Territorio, Movilidad y Vivienda, José Antonio Marcén.

En su intervención expuso las medidas y acciones de atención a desahuciados y apoyo a desalojados que ha realizado hasta el momento el Gobierno de Navarra: puesta en marcha de un Servicio de Mediación, creación de una Comisión de Prevención en Materia de Desahucios, jornadas de trabajo tanto con entidades financieras como con representantes de plataformas de afectados por la hipoteca, y reuniones de reflexión con representantes del Consejo General del Poder Judicial.

A continuación, el magistrado-juez titular del juzgado número 5 de Primera Instancia de Pamplona, Rafael Ruiz de la Cuesta, enumeró los aspectos de la Ley 1/2013 que modifican la Ley Hipotecaria y la Ley de Enjuiciamiento Civil. Concretamente se centró en las garantías que se deben ofrecer a los ciudadanos a la hora de suscribir créditos hipotecarios y en las modificaciones de los procedimientos de ejecuciones hipotecarias.

Posteriormente, el director del Servicio de Consumo y Arbitraje, César López, informó de los aspectos del Código de Buenas Prácticas para las entidades financieras modificados por la nueva ley, así como de las posibilidades de reestructurar la deuda para que el ciudadano no pierda su vivienda o de la dación en pago con el fin de cancelar toda obligación con las entidades financieras.

Tras un tiempo para el debate y la reflexión entre los asistentes, la jornada fue clausurada por el director general de Política Social y Consumo, Mariano Oto, que expuso las conclusiones obtenidas.

La ley hipotecaria

El pasado 15 de mayo entró en vigor la Ley 1/2013 de protección de los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, cuyo objeto es mejorar el funcionamiento del mercado hipotecario, reforzando la independencia de las sociedades y servicios de tasación, introduciendo un plazo de amortización máximo de 30 años para préstamos hipotecarios sobre vivienda habitual a efectos de titulización, y mejorando la transparencia de los préstamos hipotecarios al requerir la inclusión de una declaración del prestatario en la que manifieste que ha sido advertido de los posibles riesgos derivados del préstamo hipotecario.

Conforme a esta ley, el procedimiento de ejecución hipotecaria solamente podrá iniciarse una vez que el deudor hay incumplido su obligación de pago durante un plazo mínimo de tres meses. Asimismo, el tribunal o las partes podrán oponerse al procedimiento de ejecución sobre la base de cláusulas abusivas del contrato hipotecario. Esta última modificación ha sido introducida para adaptar la implementación española de la Directiva 93/13/CEE del Consejo a una reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

La Ley también tiene por objeto proteger a los hipotecados de vivienda habitual, limitando los intereses de demora e introduciendo quitas en caso de pronto pago de la deuda pendiente tras la ejecución hipotecaria.

Para los hipotecados de vivienda habitual que se encuentren en las situaciones de especial vulnerabilidad establecidas en la ley, esta dispone la suspensión de los lanzamientos por dos años y, en el contexto del código de buenas prácticas al que las entidades de crédito pueden adherirse voluntariamente, medidas de reestructuración y reducción de la deuda, o, si fallan estas, la dación en pago.

La ley, encomienda al Gobierno español la constitución de un fondo social de viviendas en beneficio de los hipotecados desalojados de sus viviendas habituales.