Asimismo, se establece un único baremo de valoración, basado en criterios técnicos, que permite ligar las ayudas a la gestión de los montes, primando los proyectos en los que los propietarios son más activos y en los que los valores ecológicos son más relevantes. Entre otros se tendrán en cuenta aspectos como la titularidad pública del monte, si se encuentra certificado y ordenado, si pertenece a la red Natura 2000, la relevancia de las actuaciones a realizar, la calidad de la documentación técnica presentada o si se han producido catástrofes naturales en los montes objeto de ayuda.

En lo que se refiere a las ayudas, éstas serán mucho más selectivas y estarán destinadas a fomentar aspectos estratégicos del sector forestal, principalmente la movilización de recursos maderables y leñosos, la estabilidad y conservación de los sistemas forestales, la prevención de incendios o la ganadería extensiva.

Así, por ejemplo, se subvencionarán exclusivamente las vías forestales permanentes y los cargaderos de carácter permanente que tengan como fin la movilización de productos maderables y leñosos, con cuantías de entre el 30 y el 55%, desapareciendo las ayudas a infraestructuras forestales temporales.

De los trabajos silvícolas y repoblaciones, sólo se subvencionarán los clareos que no generen ingresos para el propietario. Además, los desbroces estarán ligados exclusivamente a necesidades de persistencia de la masa forestal (favorecer la regeneración natural) y ganadería extensiva, siempre y cuando, en este segundo caso, se justifique la presencia de ganado que asegure que se cumple con el objetivo del desbroce. Las ayudas en este apartado se sitúan entre el 45 y el 60% del coste.

Por su parte, las repoblaciones forestales recibirán porcentajes diferentes de ayuda dependiendo de las especies, objetivos, etc. Tendrán un apoyo mayor aquellas repoblaciones consecuencia de cortas anteriores y localizadas en zonas demarcadas consecuencia de plagas o enfermedades forestales. Las cuantías establecidas van del 30 al 60%.

Las acciones relacionadas con el uso recreativo de los montes tendrán una menor prioridad, apoyándose sólo aquellas destinadas a evitar repercusiones negativas en la sostenibilidad de los sistemas forestales (entre un 30 y un 40% de subvención).

Alta participación del sector

La nueva normativa ha sido consensuada con la mayor parte del sector. El primer borrador surgió tras las numerosas reuniones previas realizadas por los responsables y técnicos forestales del Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente, y Administración Local con los principales agentes forestales.

El borrador se remitió a los miembros del Consejo Asesor Forestal, en donde tienen presencia entidades locales, empresas, organizaciones ecologistas, y colegios profesionales, entre otros. Se presentaron 440 sugerencias y propuestas, de las cuales se han estimado total o parcialmente el 56,73%.

En términos generales, no se han aceptado aquellas aportaciones que no tienen encaje con la normativa foral en materia de subvenciones o con las exigencias de la Unión Europea en el marco de la cofinanciación comunitaria.

En el marco del Plan de Desarrollo Rural 2007-13 se concedieron ayudas a trabajos forestales por importe de 29,89 millones de euros, de los que 18,6 millones fueron percibidos por entidades locales y el resto por agentes privados.