Respecto al delito de trata de seres humanos, la trata de mujeres y niñas supone el 70% de los casos, de los que el 80% son casos de explotación sexual. Datos que reflejan que las mujeres, solo por el hecho de serlo, siguen siendo objeto de violencia física, sexual, psicológica y económica con independencia de los ingresos, la edad o la educación.

En los últimos años, ha aumentado la concienciación de los Estados, y de la sociedad en general, respecto a la necesidad de articular instrumentos normativos que penalicen la violencia contra las mujeres, y medidas que incidan en el rechazo de mujeres y hombres como posicionamiento férreo contra esta vulneración de los derechos humanos.

El Gobierno de Navarra, junto con el Parlamento, aprobó en el mes de abril La Ley Foral 14/2015 para actuar contra la violencia hacia las mujeres, convirtiéndose en la herramienta legal para abordar todas las manifestaciones de la violencia contra las mujeres. Esta ley, fruto del consenso de profesionales, movimiento asociativo de mujeres y/o feminista y ciudadanía en general, reconoce a las mujeres en situación de violencia como sujetos de derechos, obligando a la Administración a responder con la debida diligencia. De esta forma, Navarra ha hecho vinculantes los mandatos internacionales y europeos según el marco jurídico imperante, especialmente la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer de 1979, CEDAW; la Declaración de Beijing de 1995; el Manual de legislación sobre violencia contra la mujer de Naciones Unidas de 2010 y el Convenio sobre prevención y lucha contra la violencia hacia las mujeres y la violencia doméstica de 2011 (Convenio de Estambul).

Este Gobierno está comprometido en la elaboración del Plan de acción, que aborde todas las manifestaciones de la violencia contra las mujeres: la violencia en la pareja o de la expareja, la violencia sexual, el feminicidio, la trata de mujeres y niñas, la explotación sexual, el matrimonio a edad temprana, concertado o forzado o la mutilación genital femenina, incluyendo los daños o sufrimientos de naturaleza física, psicológica, sexual o económica, también las amenazas, intimidaciones y coacciones o la privación arbitraria de la libertad, en la vida pública o privada. Y que atienda las necesidades de todas las mujeres, mayores y menores, también de las que sufren una múltiple victimización, atendiendo a su edad, discapacidad, estado civil, estatus de migrante o la situación administrativa de residencia, y las de menores expuestos a la violencia sufrida por sus madres.

En el plan que se está elaborando se prestará una especial atención a la prevención, especialmente en el ámbito educativo y en la sensibilización social; a la detección y atención, con una mirada especial al ámbito sanitario como puerta de entrada universal de todas las mujeres y al ámbito de servicios sociales; y a la atención integral a las mujeres, incluyendo un sistema de recursos y servicios, así como las medidas de protección policial y atención jurídica necesarias, y el derecho a la reparación, tanto en su dimensión individual, como colectiva; a la investigación y la recogida de información, en la responsabilidad de recabar los datos de manera desagregada y que permita un análisis real de la situación. Todo ello garantizando la aplicación de la ley foral mediante el compromiso de una formación profesional permanente de profesionales que garantice su capacitación.

La aprobación de esta Ley, y la responsabilidad que asume este gobierno de elaborar el Plan de Acción viene a manifestar el compromiso con la erradicación de la violencia contra las mujeres y asume la obligación de dar una respuesta eficaz, y poner todos los medios a su alcance para lograr que la ciudadanía de las mujeres deje de estar cuestionada, y se aborden sus necesidades, desde los derechos humanos más fundamentales.”