Un doble derecho

Como se ha indicado, el proyecto de ley recoge no solo el derecho de las personas sin recursos a percibir una prestación económica, sino también el derecho a la inclusión social y laboral con estímulos al empleo, entre otras medidas. Por su parte, las personas beneficiarias deberán estar disponibles para trabajar y aceptar las ofertas de trabajo o los itinerarios de formación que se les ofrezcan desde los servicios sociales y de empleo.

Las personas que quieran acceder a esta nueva prestación deberán carecer de ingresos y de un patrimonio suficiente. Además, tendrán que acreditar una residencia efectiva en Navarra de al menos dos años, salvo en las unidades familiares con menores a cargo, para las que el requisito será de un año.

Como novedad, no será necesario contar con un permiso legal de residencia en España. Actualmente, solo pueden acceder a la renta de inclusión social aquellas personas en situación irregular que tengan a su cargo hijos o hijas menores de 16 años o que hubieran perdido la residencia legal tras quedarse sin empleo,

Otro requisito es la edad, que será a partir de los 18 años. No obstante, las unidades familiares encabezadas por personas de entre 18 y 24 años deberán llevar una vida independiente de su familia de origen desde al menos dos años y también un año de cotización a la Seguridad Social.

Las personas solicitantes mayores de 65 años que cumplan los requisitos establecidos y reciban una pensión no contributiva por jubilación, tendrán una deducción fiscal de tal manera que percibirán lo mismo que el resto de unidades familiares perceptoras de la renta garantizada, pudiéndose hacer efectivo mediante el pago anticipado mes a mes.

Cuando más de una unidad familiar conviva en un mismo domicilio, cada una de ellas recibirá la renta garantizada que le corresponda hasta un máximo de tres. Hasta ahora, independientemente del número de familias que compartieran domicilio, solo se percibía una renta y media.

De manera excepcional, las unidades familiares con una situación de exclusión social grave podrán acceder a la renta garantizada aunque no cumplan alguno de los requisitos exigidos.

Nueva escala de prestaciones y duración

El proyecto presentado incluye una nueva escala de cuantías económicas, que mejorarán respecto a la renta de inclusión social vigente para aquellas familias con dos o más miembros. Las cuantías oscilarán desde los 600 hasta los 1.200 euros. Actualmente varían entre los 655,20 y los 982,90 euros.

Con esta nueva escala se pretende priorizar la lucha contra la pobreza infantil en las familias con menores a su cargo. En 2015, el 38% de las personas beneficiadas por la renta de inclusión social tenían menos de 18 años, es decir, 10.820 de un total de 28.839. De estos menores, 3.891 vivían en una familia monomarental y 462 en una monoparental.

Los importes mencionados se actualizarán automáticamente con el IPC de Navarra o con la variación del salario medio de la Comunidad Foral. De estos dos indicadores se empleará el que sea de mayor cuantía para que las personas más vulnerables no pierdan capacidad adquisitiva.

Por último, se elimina el tope máximo de 36 meses para percibir esta prestación, de tal modo que si agotado este periodo persiste la situación de necesidad, se podrá prorrogar la renta por periodos sucesivos de 12 meses. Actualmente, si una familia percibe la renta de inclusión social durante 36 meses debe estar un año sin cobrarla.

Incentivos al empleo y a la inserción sociolaboral

El proyecto establece también una serie de medidas para incentivar el empleo y la inserción sociolaboral, que se irán ampliando con el desarrollo de la futura ley foral.

Por ejemplo, se incluye la posibilidad de suspender temporalmente el cobro de la renta garantizada cuando se accede a un puesto de trabajo y recuperarla de nuevo al quedarse sin empleo, sin tener que iniciar otra vez el proceso administrativo de concesión de una nueva renta, como ocurre actualmente.

En el caso de que una unidad familiar haya sido perceptora de la renta garantizada durante dos años, desde las administraciones públicas se le deberá ofrecer, y una de las personas beneficiarias aceptar, un empleo social protegido u otra opción de trabajo y/o formación.

También se plantean durante los tres primeros años de entrada en vigor de la nueva ley una serie de estímulos al empleo mediante incentivos económicos. De este modo, si un perceptor de la renta garantizada obtiene un empleo inferior a 30 días, podrá compatibilizar sus ingresos con esta prestación, sin que se vea afectada en su cuantía.

Además, durante el primer año, las personas beneficiarias que encuentren un trabajo por un tiempo superior al mes no verán contabilizados los primeros 300 euros de su salario en el recálculo de la renta garantizada que reciban. A partir de esa cantidad, se descontará cierta cantidad en la prestación, según una escala, de tal manera que el máximo a percibir por empleo y renta garantizada serían 970 euros al mes, tomando como ejemplo el caso de una unidad familiar de un solo miembro.

Durante el segundo año de entrada en vigor de la ley, estos mismos estímulos al empleo no solo se aplicarán a los ingresos por trabajo obtenidos una vez dentro del programa, sino también a aquellos que se tuvieran antes de percibir la renta garantizada.

Finalmente, en el tercer año y una vez evaluados los incentivos al empleo, se establecerán una serie de beneficios fiscales para aquellas personas con bajos ingresos pero que no pueden acceder a la renta garantizada por superar el umbral de renta previsto. Con esta medida se pretende que no se den situaciones en las que una persona que se beneficia de la renta y además trabaja tenga más ingresos que otra que trabaja pero no tiene derecho a la prestación.

Derecho a la inclusión

Para acceder al derecho a un proceso de inclusión social solo se precisa estar en una situación de exclusión social, en el grado que sea, sin que sea necesario acreditar un tiempo mínimo de residencia en Navarra.

El proyecto de ley foral establece que en el plazo de seis meses desde la aprobación de la norma se elaborará un nuevo plan estratégico de inclusión social, de tal manera que se refuercen las políticas públicas en esta materia.

Por el momento, el Departamento de Derechos Sociales ya ha tomado una serie de iniciativas como incrementar este año con 1,3 millones de euros, hasta los 6 millones, el programa de Empleo Social Protegido; poner en marcha un nuevo programa con 400.000 euros para la contratación de personas en situación de exclusión social por entidades de iniciativa social; desarrollar un proyecto piloto con 500 familias perceptoras de la renta de inclusión social en Tudela y la Burunda con un trabajo conjunto de los servicios sociales, agencias de empleo, entidades locales y agentes sociales; o los programas del Servicio Navarro de Empleo, que permiten el mantenimiento o creación de 4.710 empleos, especialmente de personas beneficiarias de esta renta.

Proceso de participación

Como se sabe, el Acuerdo Programático para esta legislatura recogía el compromiso de elaborar una nueva renta garantizada. Para ello, el Departamento de Derechos Sociales creó unos grupos técnicos consultivos formados por organizaciones de la sociedad civil, profesionales de los servicios sociales y personas perceptoras de la renta de inclusión social.

Tras escuchar las propuestas de estos colectivos, se estudió el impacto económico y social de las medidas sugeridas y se redactó una propuesta que se remitió al resto de Departamentos del Gobierno de Navarra para su consulta.

Posteriormente, se sometió al parecer de los grupos parlamentarios firmantes del Acuerdo Programático para, después, presentar el resultado a los grupos técnicos consultivos creados al principio de este proceso de elaboración del anteproyecto presentado esta mañana.

A partir de este momento, el Gobierno de Navarra inició el trámite habitual para la elaboración de un proyecto de ley, que incluyó la redacción de varios informes y la apertura de un plazo para que la ciudadanía pudiera realizar aportaciones y sugerencias a la futura norma, “habiéndose aceptado un buen número de las realizadas”, según señalan desde el Departamento de Derechos Sociales.

Uno de los informes elaborados ha sido el de impacto de género de la futura norma, que se prevé “positivo para la igualdad entre hombres y mujeres”, ya que versa sobre el acceso igualitario al derecho de inclusión y a la renta garantizada y pone “especial énfasis en determinadas situaciones de especial vulnerabilidad y abrumadoramente mayoritarias en mujeres”. Cabe destacar que diversos estudios indican que la tasa de riesgo de pobreza y la pobreza severa son mayores entre mujeres. Asimismo, la tasa de desempleo es mayor entre este colectivo y sus contratos son más precarios.