Está previsto que esta segunda medida beneficie a 12.466 personas que actualmente perciben pensiones inferiores al SMI y por tanto se encuentran en una situación de desventaja con respecto a las personas que perciben pensiones de viudedad. La inversión social requerida para esta medida se estima en 9,6 millones anuales cuando esté plenamente desarrollada en 2019. Según los cálculos del Departamento de Derechos Sociales contrastados con la Seguridad Social, en diciembre de 2016 había en Navarra 53 personas con pensiones SOVI de vejez de 408,10 euros mensuales, 1.818 pensiones de titulares unipersonales menores de 65 años con cuantías de 586,50 euros mensuales, 8.871 pensiones con 627,7 euros mensuales, y 1.724 con pensiones de 677 euros de media mensual. Los tres primeros grupos de pensiones, ya para el año 2017 verán incrementada la cuantía a percibir en un 63,7%, un 12% y un 4,8% respectivamente; y el cuarto tipo subirá, ya en 2018, un 3,41%. Estas cuantías complementarias las percibirán en el año 2018, cuando realicen la declaración de la renta de 2017, en 2019 en el caso de las pensiones que suben en 2018.

Una vez que el proceso de equiparación de todas las pensiones esté concluido, se estima necesaria una inversión social de 16,6 millones de euros anuales para complementar todas las pensiones de viudedad y contributivas inferiores al SMI, lo que supone multiplicar por 5 la actual inversión.

Mantener el nivel adquisitivo

La propuesta del Gobierno de Navarra contempla para años sucesivos que todas estas pensiones, más el complemento que aporta Navarra,  se vean revalorizadas en la misma cuantía que se incremente el IPC de Navarra, de tal forma que no pierdan poder adquisitivo.

El vicepresidente de Derechos Sociales ha hecho una valoración muy positiva de estas medidas, ya que suponen lograr “el doble objetivo marcado en el acuerdo programático, esto es, mejorar las pensiones de viudedad y equipar a aquellos pensionistas que estaban en una situación de desventaja”.

“Sabemos que el sistema de pensiones es una responsabilidad del gobierno central y la seguridad social, y que sería deseable que este se hiciera cargo del coste que supone que todo el mundo disponga de una pensión mínima digna, pero, en todo caso, el Gobierno de Navarra entiende que, dado el diferencial del coste de la vida que tenemos en Navarra y la prioridad social de este Gobierno, es necesario hacer un esfuerzo propio en mejorar las condiciones de vida de las personas mayores con situaciones económicas más precarias”, ha remarcado Laparra.

Pensiones no contributivas.

Además de estas medidas que van a beneficiar a aproximadamente a 22.000 pensionistas que perciben pensiones de viudedad y pensiones contributivas, gracias a la extensión de la Renta Garantizada a mayores de 65 años  se estima que 1.300 unidades familiares que perciben pensiones no contributivas y que tienen ingresos inferiores a la cuantía de la Renta Garantizada percibirán ya en 2017 un complemento económico hasta alcanzar la cuantía establecida en dicha prestación. Esta medida, según recoge la memoria económica del Proyecto de Ley Foral del Derecho a la Inclusión Social y a la Renta Garantizada, supone una inversión social para este colectivo de aproximadamente 5 millones de euros anuales.