En  2016 estas ayudas han permitido desarrollar proyectos de empleo social protegido a un total de 44 mancomunidades y entidades locales, seis más que en el ejercicio anterior, lo que supone casi el 100% de municipios de Navarra. Además, cabe destacar que todas las entidades que lo han solicitado han recibido subvención.

El vicepresidente Laparra ha considerado que la apuesta del Departamento de Derechos Sociales por el desarrollo de proyectos de Empleo Social protegido “ha quedado patente en este ejercicio”, en el que el coste total de los programas ha ascendido a algo más de 7,63 millones euros, lo que supone un incremento presupuestario de 3.200.210 euros respecto a la cantidad destinada a este fin por el ejecutivo anterior en el ejercicio 2015.

Además, el vicepresidente ha destacado que todas las entidades beneficiarias han visto incrementada la cuantía concedida respecto a la convocatoria ordinaria de 2015, lo que supone un incremento medio del presupuesto de un 173,23 %.

En  datos globales, el 73,48% de la partida presupuestaria se ha destinado a la contratación de personas usuarias, un 18,21 % a la contratación de personal de apoyo para el desarrollo de los proyectos y el 8,31 % restante se ha dirigido al desarrollo de diferentes acciones formativas.

El vicepresidente ha expuesto además que la apuesta por el empleo social protegido ha posibilitado el desarrollo de “proyectos importantes de contratación” a través de la metodología del acompañamiento social e individualizado a las personas perceptoras de Renta de Inclusión Social.  Así, mancomunidades y localidades como Cintruenigo han incrementado su programa en un 400%; diez (Carcastillo, Corella, Estella, Etxarri, Irurtzun, Olite, Peralta, San Adrián, Ultzama y Villava) lo han incrementado en más de un 300%; once han amentado la consignación presupuestaria en más de un 200%;  y nueve han incrementado presupuestariamente en porcentajes superiores al 100% respecto al ejercicio 2015.

De este modo, la convocatoria ha hecho posible, durante el año 2016, la contratación de 948 personas, de las cuales 825 han sido personas usuarias de los servicios sociales de base y 123 monitores o monitoras y personal de apoyo, lo que supone un incremento del 49,73% respecto a los usuarios de servicios sociales de 2015.

Menos mujeres que hombres

De las 825 personas usuarias contratadas el porcentaje de mujeres (45,58%) ha sido  casi diez puntos inferior al de los hombres (54,42%), lo que hace necesario introducir acciones de discriminación positiva que incrementen la presencia de las mujeres en los proyectos de empleo social protegido, tal y como recoge la convocatoria de este año 2017.

Por otra parte, un 89% de las contrataciones ha correspondido a personas perceptoras de renta garantizada, bien en el momento de la contratación o en el año anterior de acceso al programa.

En el año 2016 la duración medida de las contrataciones se ha incrementado en cómputo global respecto a 2015 en un 52,56%, pasando de una media de 3,52 meses a una media de 5,37 meses. Esto puede haber sido causado por el incremento presupuestario del programa, así como por el conocimiento por parte de las entidades locales de las cuantías concedidas en el primer trimestre del año en contraposición a ejercicios anteriores cuya concesión se comunicaba a mediados del ejercicio.

Otra de las variables analizadas en el informe de ejecución hoy presentado ha sido  la cofinanciación de los programas por parte de las entidades locales. Según los datos aportados al Departamento de Derechos Sociales en las memorias de ejecución, la cofinanciación de las Entidades locales ha sido del 27,20%. Así, de los 7,63 millones euros destinados a los programas, seis millones han sido aportados por Gobierno de Navarra y 1,63 millones por las Entidades locales.

No obstante, el porcentaje de cofinanciación ha variado de forma considerable en función de cada entidad. Las entidades locales y mancomunidades con mayor porcentaje de cofinanciación han sido el Ayuntamiento de Pamplona,  con un 43,35%; el Ayuntamiento de Burlada, con un 42,46%; el Ayuntamiento de Zizur, con un 37,56%; el de Tudela. Con un 31,90%; el  Ayuntamiento de Aranguren (26,40%); y el de Ayegui (23,75%).

Novedades para 2017

Por otra parte, la Directora General de inclusión y protección social, Gema Mañú, ha informado de las principales novedades introducidas en la convocatoria para este año con el objeto de favorecer el acceso al empleo en dos colectivos clave para el Departamento de Derechos Sociales: las personas perceptoras de renta garantizada y las mujeres.

Con el fin de facilitar la inserción laboral de parados/as de larga duración, la convocatoria de 2017 puntúa adicionalmente las contrataciones de aquellas personas que llevan percibiendo la renta garantizada durante dos años o más.

Además, para fomentar la contratación de mujeres, cuya presencia es en datos globales 10 puntos inferior a la de los hombres y con diferencias significativas entre entidades, se exige para este año que al menos un 50% de las contrataciones se dirija a este colectivo. 

La convocatoria para este año 2017 mantendrá la misma asignación presupuestaria que el año anterior y las entidades locales conocieron la cuantía subvencionable para este ejercicio a principios del mes de marzo

Respecto a las líneas de trabajo en futuras convocatorias, Mañú ha considerado necesario analizar el impacto de los proyectos en la inserción socio-laboral y empleabilidad de las personas destinatarias, teniendo en cuenta diferentes variables entre las que se incluya el incremento de habilidades para el empleo o el aumento del nivel formativo tras el paso por el programa.

Además, ha apostado por tener en cuenta las necesidades específicas de cada territorio, sin por ello descuidar la equidad en el desarrollo de los proyectos en cuanto al acceso de las personas destinatarias, la implicación de la entidad local, los porcentajes destinados a la formación, el personal de apoyo, la duración de los contratos así como priorizar zonas de especial actuación. Y para ello ha abogado por el uso de indicadores que tomen en cuenta no tanto el volumen de población como el porcentaje de personas con especiales dificultades de acceso al empleo.

En este sentido, ha señalado que deben intensificarse las actuaciones en aquellas áreas con un mayor porcentaje de personas desempleadas y perceptoras de renta garantizada, entre otros colectivos,  para así incidir en la población con mayores dificultades de acceso al empleo.

Ayudas de emergencia social y/o apoyo a procesos de inclusión social

Con la finalidad de facilitar a los Servicios Sociales de Base la concesión de ayudas de emergencia social o el apoyo procesos de inclusión social,  hoy 3 de abril se ha publicado en el BON las bases reguladoras de la convocatoria de “Subvención a Entidades Locales para la concesión de ayudas de emergencia social y/o de apoyo a procesos de inclusión social”, dotada con 2.000.000 de euros

Se trata de subvenciones dirigida a las entidades locales para facilitar que los Servicios Sociales de base gestionen ayudas de emergencia destinadas a la inclusión de personas que tengan dificultades graves para cubrir de modo inmediato sus necesidades básicas de alojamiento, energía, nutrición salud y educación.  El periodo de presentación de estas solicitudes es de 10 días hábiles.

Los programas cubrirán las necesidades de las personas residentes en la zona básica de referencia, siempre que reúnan los siguientes requisitos: ser mayor de 18 años o menor emancipado con menores a su cargo; estar empadronado en alguna de las localidades de la zona básica de su servicio social de referencia;  presentar una situación que dificulte afrontar gastos específicos, de carácter ordinario o extraordinario, necesarios para evitar o paliar situaciones de exclusión social; y contar la unidad familiar con unos recursos económicos mensuales no superiores a los contemplados en la convocatoria.

Durante el año 2016, estas ayudas han beneficiado a  3.500 unidades familiares, un 8% más que en 2015,  de las cuales, un 55,71 % tenía menores a su cargo, un 22,17% estaban conformados por hogares monomarentales y un 30,65% eran hogares unipersonales. Y el número total de ayudas concedidas ascendió a 5.745.

Por categorías, la mayor parte de la partida presupuestaria ejecutada, un 54,48%, se ha destinado al pago de necesidades relacionadas con la vivienda habitual, bien en concepto de alojamiento residencial o suministros básicos. Así, el número de ayudas relacionadas en concepto de alquiler o préstamo hipotecario han ascendido a 1.233, el pago de habitaciones compartidas ha supuesto la concesión de 477  ayudas y 100  se han destinado a posibilitar la firma de nuevos contratos de alquiler. Respecto a las ayudas concedidas para el pago de suministros básicos de la vivienda  habitual, lo que se conoce como pobreza energética, estas han sido un total de 1.040.

A la categoría de nutrición y salud se ha destinado el 30,21% del presupuesto ejecutado, posibilitando la concesión de 2.021 ayudas, principalmente relacionadas con gastos derivados de la alimentación diaria y productos de higiene. Respecto a las ayudas dirigidas a posibilitar la incorporación social y/o laboral, se han concedido 383, lo que supone un 4% del presupuesto.

Por último, 467 ayudas, se han destinado a otras necesidades básicas no cubiertas por las categorías anteriormente mencionadas, suponiendo un 11% del presupuesto total ejecutado.