La consejera de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia, Mª José Beaumont, califica de "buena noticia" la creación de un nuevo juzgado de Primera Instancia en Pamplona, el número 9, y considera que es "el resultado de las múltiples gestiones" realizadas por el Departamento que dirige.

El Ministerio de Justicia ha presentado esta semana, durante la reunión de la Conferencia Sectorial en la que ha participado la directora general de Justicia del Gobierno de Navarra, Lurdes Aldabe, el borrador del Real Decreto por el que se crearán 89 unidades judiciales en 2017, una de ellas en Pamplona, para adecuar la planta judicial a las necesidades existentes. En concreto se ha anunciado la dotación del Juzgado de Instancia número 9 de Pamplona.

Hasta ahora, los esfuerzos para reforzar la planta de los juzgados en Navarra habían ido a favor de reforzar los de Familia y Mercantil. Por ello, el Departamento considera "muy acertado" que sea la Jurisdicción Civil la beneficiaria. "La Administración de Justicia y la ciudadanía saldrán ganando con más medios que permitan la resolución de todos los asuntos que vienen entrando, especialmente desde la crisis económica", ha asegurado la consejera Beaumont, quien ha señalado también que el nuevo juzgado "ayudará a paliar los retrasos de la Administración de Justicia".

Además, desde que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) comunicase el pasado 10 de mayo su decisión de responsabilizar al juzgado de Primera Instancia número 7 de Pamplona de la tramitación de las demandas por cláusulas suelo y gastos hipotecarios, la Dirección General de Justicia dotó al personal de los cuerpos de Gestión, de Tramitación y de Auxilio Judicial, que dependen de la Administración Foral, de los medios materiales necesarios para realizar su trabajo en "las mejores condiciones", como equipos informáticos, de impresión y de telefonía, además de acceso a los programas de gestión procesal.

Una dotación que será mejorada, desde este verano, con refuerzos en Gestión y Tramitación para afrontar el número de demandas que vienen entrando, y que han desbordado todas las previsiones que se manejaron por el CGPJ, para la adscripción de esta materia. En definitiva, "más medios humanos para mejorar la capacidad de resolución, por los juzgados y tribunales", aseguran desde el Departamento.

Es preciso significar que la responsabilidad del Gobierno de Navarra es limitada, como consecuencia del reparto de competencias en cuanto a la Administración de Justicia, tal y como señalan desde el Departamento de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia. No obstante, el Gobierno comparte "el compromiso de facilitar a los responsables de juzgar y de hacer ejecutar lo juzgado todos los medios necesarios para prestar un servicio público de calidad".