Con los mismos argumentos por los que se opuso a la solicitud de libertad de los condenados y por su disconformidad con las argumentaciones del Auto de 21 de junio de 2018, el Gobierno de Navarra solicita la prórroga de la prisión provisional.

El Gobierno sostiene en su recurso que la gravedad de la pena impuesta y de la aún más grave que ha solicitado que se les imponga en su recurso de apelación contra la Sentencia, es un dato objetivo que no debe desconocerse, en relación con la propia gravedad de los hechos declarados probados en la Sentencia recurrida, varios de cuyos pasajes se recuerdan en el recurso.

Otro de los argumentos del recurso se basa en la relevancia e importancia de los bienes jurídicos protegidos: libertad e indemnidad sexuales y, dignidad de la persona humana y los derechos inherentes a la misma, lo que exige tenerlos muy en cuenta de una forma intensamente cualificada, lo que no ha hecho la Audiencia Provincial.

En relación con el riesgo de fuga, el Gobierno discrepa en su recurso de la tesis mantenida por la Audiencia Provincial, recordando lo que ya dijera en los escritos de 23 de septiembre de 2016 y de 15 y 16 de junio de 2017, en oposición a la solicitud de libertad provisional de los entonces procesados primero, acusados después, y ahora condenados, destacando que las circunstancias no han cambiado, reiterando por tanto su oposición a considerar un supuesto arraigo familiar y social de los 5 condenados a los efectos de posibilitar su libertad provisional mediante la prestación de fianza.

Se recuerda también la existencia de la instrucción actualmente en curso en el Juzgado de Pozoblanco (Córdoba), considerando improcedente lo que se dice en el Auto de la Audiencia Provincial respecto de la insolvencia de los condenados, en cuanto los hechos desmienten que dicha insolvencia pueda actuar como freno a su eventual fuga, pues en menos de 24 horas han sido capaces de depositar la fianza.

En el recurso se discrepa también de lo que se dice por la Audiencia Provincial respecto de la facilidad para su localización por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado sin mayor esfuerzo dada la notoriedad de su pérdida de anonimato, pues la misma no se produce más allá de nuestras fronteras.

Ni la repercusión social ni la pérdida de anonimato a que se refiere la Audiencia Provincial son argumentos, dice el Gobierno en su recurso, para considerar que no hay riesgo de reiteración delictiva, sobre todo si se tiene en cuenta que los acusados en ningún momento han reconocido la comisión de delito alguno, por lo que nada les impediría realizar actos de la misma naturaleza que entienden legítimos.

Debe tenerse en cuenta especialmente la protección de la víctima a la que se sitúa indudablemente en riesgo por la puesta en libertad provisional de los condenados, sostiene el Gobierno.

Por último, y haciéndose eco de lo que hoy se ha conocido por los medios de comunicación en el sentido de que uno de los condenados habría intentado el pasado lunes día 25 de junio, esto es, el primer día hábil después de su salida de prisión, obtener el pasaporte en la oficina de Tablada (Sevilla), el Gobierno de Navarra solicita a la Audiencia Provincial que adopte las medidas oportunas para esclarecer lo ocurrido, solicitando los correspondientes informes a la autoridad competente.