El Gobierno de Navarra ha vuelto a clausurar esta mañana el Palacio del Marqués de Rozalejo, después de que varios individuos procedieran ayer a su ocupación por la fuerza, con uso de herramientas de corte y demolición, al término de la manifestación en contra del cierre de dicho edificio, que fue intervenido por orden del Ejecutivo el pasado día 10 de enero, tras conocer el informe técnico realizado por el Servicio de Patrimonio, en el que se ratificaba que el uso del inmueble constituye un grave riesgo para las personas.

Las personas ocupantes accedieron al edificio a través de una ventana que da acceso al patio del mismo, y utilizaron cuerdas y arneses para descolgarse desde la cubierta. Posteriormente abandonaron el lugar también a través del tejado.

Efectivos de la Policía Foral han entrado en el edificio a las 7 horas de esta mañana y, tras comprobar que no había nadie en el mismo, han requisado los arneses utilizados por los individuos que accedieron ayer al inmueble para luego romper violentamente la puerta de acceso al palacio, utilizando herramientas de corte y demolición, como mazas, martillos y rotaflex, con el fin de quebrar cierres de hormigón y metal. En la operación ha colaborado también Policía Nacional y a las 8.30 horas se han incorporado varios operarios para proceder a clausurar nuevamente el edificio.

Agentes del Grupo de Intervenciones Especiales (GIE) de Policía Foral que han entrado en el palacio han encontrado alargaderas, barras de uña, escaleras y pancartas, así como escombros que los propios ocupantes habían amontonado en la puerta para dificultar la entrada. En estos momentos, el dispositivo de Policía Foral se limita a controlar la zona mientras se procede de nuevo al sellado de la puerta.

El Gobierno intervino en el Palacio del Marqués de Rozalejo el pasado 8 de enero al conocerse que se estaban realizando obras en el interior con el consiguiente riesgo para la seguridad de las personas. Técnicos de Patrimonio realizaron una inspección y elaboraron un informe que concluyó que "no existe ningún tipo de garantía estructural ni se conocen las posibles prestaciones de la estructura ante sobrecargas por lo que el riesgo de uso es muy elevado".

El informe añadía que el factor eléctrico es el segundo factor de riesgo más importante pues "se ha comprobado que, además del enganche ilegal, la instalación eléctrica no cumple ningún punto de la normativa y se aprecian cuadros sin protecciones diferenciales, así como cableado y conexiones sin protección y al alcance de cualquier persona".

Por otro lado, el informe calificaba ambos riesgos de "extrema gravedad" y añadía otros factores que comprometen la seguridad de las personas y el edificio como son: posibilidad de incendio por acumulación de productos inflamables (en algunos casos próximos a cuadro eléctrico sin protección); posibilidad de caída al vacío por numerosos huecos sin protección y con carpinterías practicables; realización de actividades y manipulación de elementos voluminosos en zonas apeadas y con grave riesgo de ruina estructural; supuestas instalaciones contraincendios sin garantías de funcionamiento; o realización de actividades en las que pueden darse condiciones de aglomeración y sin contar con accesos ni instalaciones de prevención adecuadas.

Por último, el informe confirmaba la realización de diferentes obras en el edificio tales como cierres de fábrica, derribos de tabiquería, cierre del espacio bajo la escalera principal mediante doble fábrica de bloque armada, ampliación de la instalación eléctrica con enganche ilegal, picados, revocos y pintura y ejecución de falso techo.

A la vista de dicho informe, el Gobierno de Navarra procedió a la clausura de este edificio de titularidad pública y a la adopción de medidas correctoras para minimizar los riesgos.