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Algunas de las medidas incluidas en el Código para lograrlo radican en, por ejemplo, establecer obligaciones de información para lograr una mayor transparencia entre las partes, lograr una mayor claridad o determinación en cuanto a los conceptos o costes que deben asumir tanto arrendatario como arrendador (delimitar las garantías que debe poner el arrendatario), prever la mediación del Gobierno de Navarra, a través del Servicio de Vivienda, en casos de conflicto y la adhesión de los arrendadores al Código.
De esta manera, se avanzará hacia un mayor entendimiento y se evitarán futuros conflictos entre los promotores que se adhieran a este Código y sus arrendatarios o inquilinos, y, en el caso de que surjan tales problemas, se buscará una solución de manera más ágil y eficaz.
El Código de Buenas Prácticas representa a su vez una vía extrajudicial de resolución de litigios entre los inquilinos de las viviendas y empresas y/o profesionales a través de un procedimiento voluntario, ejecutivo, vinculante y gratuito para las partes.
Quedan excluidos del ámbito de la protección del Código los conflictos entre empresas, entre profesionales o entre particulares.