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El Gobierno pone en marcha con los alcaldes de la Ribera Alta un plan supramunicipal de Seguridad Ciudadana
viernes, 08 de febrero de 2008Ofrecer información sobre autoprotección o incrementar las labores de prevención son algunas de las acciones previstas
El Gobierno de Navarra y al menos diez ayuntamientos de la Ribera Alta van a poner en marcha un Plan Supramunicipal de Seguridad Ciudadana para corregir el incremento de la inseguridad ciudadana que se está produciendo en los municipios situados en el corredor del eje del río Ebro, en la zona sur-occidental que limita con La Rioja. Se trata del primer programa de estas características que se impulsa en la Comunidad Foral y es un instrumento contemplado en la Ley Foral 8/2006 de Seguridad Pública.
El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Justicia e Interior del Gobierno de Navarra, Javier Caballero Martínez, ha aprobado inicialmente hoy el Plan después de que los alcaldes y representantes de la zona hayan conocido también hoy el borrador durante una reunión celebrada en la Casa de Cultura de Lodosa. En principio, afectará a diez municipios en los que residen casi 30.000 personas. Se trata de Andosilla, Azagra, Cárcar, Lazagurría, Lodosa, Mendavia, San Adrián, Sartaguda, Sesma y Viana. No obstante, podrán incorporarse otros municipios limítrofes. De hecho, a la reunión también ha asistido una representación del Ayuntamiento de Lerín.
El Plan integra los esfuerzos tanto de la Policía Foral como de los servicios seguridad municipales e invita a la Administración del Estado a participar a través de sus Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. A tal efecto, el documento aprobado inicialmente hoy ha sido remitido a la Delegación del Gobierno en Navarra para que formule sugerencias y observaciones. Corresponde al consejero Caballero la aprobación del Plan mediante orden foral.
Según consta en el borrador hoy presentado, en los últimos meses se ha detectado un incremento de la inseguridad ciudadana “en términos objetivos y subjetivos” en la zona. La percepción subjetiva de la población de los municipios afectados y de los alcaldes apunta a un incremento de la actividad delictiva, especialmente consistente en robos con fuerza en las cosas en propiedades públicas y privadas.
“Esta situación está generando una notable alarma social y una situación de percepción de inseguridad ciudadana que exige una respuesta de las autoridades y servicios de seguridad de modo que se consiga recuperar la normalidad y la tranquilidad pública”, se reconoce en el preámbulo del documento, que refleja la necesidad de añadir a la actividad ordinaria de los servicios de seguridad pública una acción “singularizada”, en la que se integren todos los esfuerzos en torno a objetivos y actividades debidamente planificadas.
Los consistorios pueden presentar propuestas de mejora, ya que se ha acordado un plazo para poder realizarlas. El plan será sometido también a la consideración de las juntas locales de seguridad, de los consejos locales de seguridad ciudadana y de los cuerpos locales de policía, según proceda.
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