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Navarra contará a principios de 2009 con un registro integral de expedientes de violencia de género
lunes, 28 de abril de 2008El Gobierno de Navarra ha autorizado el contrato que permitirá crear el Registro Integral de Expedientes de Víctimas de Violencia de Género de Navarra, una aplicación informática que estará lista para principios de 2009 y que permitirá a las diferentes administraciones y agentes intervinientes obtener una información completa e integrada sobre las diferentes medidas adoptadas en relación con cada caso
Concretamente, se trata de recabar desde el número de denuncias presentadas, los recursos puestos a disposición de la mujer (vivienda, empleo o programas terapéuticos) o las órdenes de protección dictadas a su favor.
Este recurso incidirá en la mejora de la calidad de los servicios de atención, puesto que ofrecerá una visión única de todos los expedientes. También incidirá en la coordinación de las instituciones de la Comunidad Foral de Navarra implicadas en el Acuerdo Interinstitucional, en la medida que favorecerá una visión unificada, compartida e íntegra de los datos, evitando problemas de dispersión y falta de sincronización de la información.
La creación de la base de datos que configurará este Registro Integral tiene un costo estimado de 200.000 euros. El acuerdo alcanzado hoy autoriza al director general de Justicia a contraer un compromiso de gasto plurianual de 160.000 euros en 2008 y 40.000 en 2009.
Aunque existen otras experiencias en España, concretamente en Asturias, este sistema de información será pionero por la cantidad de instituciones y recursos que prevé agrupar, según se puso de manifiesto en el estudio de viabilidad del proyecto.
Como problema estructural derivado de un modelo social de desigualdad entre géneros, se estima que los diversos factores que inciden en la violencia hacia las mujeres por el mero hecho de serlo deben ser abordados de una forma integral. De hecho, la Ley Foral 22/2002 par la Adopción de Medidas Integrales contra la Violencia Sexista estableció un marco de gestión integral del problema, que abarca tanto los aspectos educativos, sociales y asistenciales, como la normativa civil que incide en el ámbito familiar o de convivencia, donde principalmente se producen las agresiones.
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