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Caballero analiza las reformas pendientes en la Justicia española, en un Curso de Verano de la Universidad Complutense
viernes, 18 de julio de 2008El consejero de Presidencia, Justicia e Interior explicó en el curso “La Justicia en el siglo XXI: las reformas necesarias”, las deficiencias del actual sistema judicial y las reformas que serían precisas para conseguir un funcionamiento más eficaz
"En la Justicia confluyen administraciones y personas de muy diferente origen y competencia; administraciones y profesionales diversos, a veces mal coordinados y mal engarzados entre sí". Así lo afirmaba ayer el vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Justicia e Interior del Gobierno de Navarra, Javier Caballero Martínez, en el Curso de Verano de la Universidad Complutense de Madrid, “La Justicia en el siglo XXI: las reformas necesarias”.
Caballero explicó las reformas que a su juicio requiere la Justicia española centrándose en “El papel de las Comunidades Autónomas en la justicia del siglo XXI”. “Cuando en el siglo XIX el Estado liberal organiza el servicio de Justicia y establece la planta judicial, lo hace de manera eficaz, y sigue de manera mimética la estructuración –entonces nueva– de las provincias. Seguramente es un momento en que la Justicia (…) se pone a la altura de su época.” Hoy, sin embargo, –añade– no está bien resuelta su acomodación a la realidad político-administrativa. “Así como en otros casos o servicios las transferencias se han llevado a cabo de manera clara y eficiente, con un evidente reparto de papeles y funciones, en lo que respecta a Justicia la situación no es así”.
Caballero aludió a los múltiples recursos –humanos y materiales– en juego para que un ciudadano consiga la reparación que considera justa. Al margen de jueces, magistrados y fiscales, de abogados y procuradores, hay un diverso conjunto de profesionales que hacen que la Administración de la justicia sea posible: secretarios judiciales, oficiales, auxiliares, agentes judiciales y médicos forenses, psicólogos, trabajadores sociales, traductores, miembros de los cuerpos policiales y personal de Prisiones. En su opinión, para que todo este conjunto profesional se articule y funcione, es necesario que haya un reparto de papeles claro y ajustado.
De acuerdo con su exposición, desde el plano meramente económico, el servicio público de la Justicia ha estado tradicionalmente mucho peor dotado que otros, quizá porque la responsabilidad del Poder Ejecutivo es parcial. “Puede comprenderse por ello la tentación del Ejecutivo de destinar sus recursos prioritariamente a los servicios de los que era responsable directo ante los ciudadanos (salud, educación, infraestructuras), y de sentirse menos apremiado para financiar un servicio público, el de la Justicia, en cuya organización pintaba poco”.
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