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El Gobierno aprueba el proyecto de Ley Foral de la integración del personal de la Administración de Justicia martes, 20 de octubre de 2009

El coste máximo estimado de la equiparación retributiva y de condiciones de trabajo de los 520 empleados públicos es de 500.000 euros


Palacio de Justicia

Palacio de Justicia.

El Gobierno de Navarra aprobó en su sesión de ayer el proyecto de Ley Foral que permitirá la integración del personal al servicio de la Administración de la Justicia en Navarra en el Estatuto del Personal al servicio de las Administraciones Públicas de la Comunidad Foral. La norma instaura para estos empleados un régimen similar de funcionamiento al que afecta al resto de empleados públicos en cuestiones como las retribuciones y las condiciones de trabajo (jornada, calendario laboral o vacaciones).

La aprobación de este proyecto, remitido al Parlamento para su deliberación y que afecta a 520 empleados, tendrá un coste estimado máximo de 500.000 euros, que figurará en el proyecto de Presupuestos Generales de Navarra de 2010. El Gobierno de Navarra aprueba esta norma conforme a las competencias históricas en materia de función pública, reconocidas expresamente en la Ley Orgánica del Poder Judicial para el caso concreto de este personal de la Administración de Justicia.

En concreto, la norma consiste en añadir un nuevo título, el VI, al texto refundido del personal al servicio de las Administraciones Públicas de Navarra, para incluir en el mismo al personal de los cuerpos de médicos forenses, gestión procesal y administrativa, tramitación procesal y administrativa y de auxilio judicial, de manera plena e integrada pero atendiendo a las peculiaridades del colectivo.

El personal al servicio de la Administración de Justicia en Navarra fue transferido por el Estado en octubre de 1999. Dada su particularidad – prestan servicio no a la Administración de la Comunidad Foral sino al poder judicial-, el proyecto de Ley Foral recoge las salvedades derivadas de la condición de cuerpos nacionales y de la prestación del servicio público de la Justicia (ordenación del servicio de guardia, movilidad, etc).




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