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La Administración de la Comunidad Foral se dota de un nuevo código de buenas prácticas jueves, 18 de febrero de 2010
Entre los 25 principios figuran los cortesía, eficacia y celeridad, atención a las demandas de información o participación ciudadana
La Administración de la Comunidad Foral de Navarra ha aprobado un nuevo Código Orientativo de Buenas Prácticas Administrativas, en el que se recogen los principios generales que deben guiar la actuación de su personal, tanto en el trato a la ciudadanía como en el desempeño de su trabajo y durante el desarrollo de los actos administrativos.
Cortesía y amabilidad, eficacia y celeridad en la resolución de solicitudes, atención a las demandas de información o fomento de la participación ciudadana y de los medios telemáticos son algunas de las 25 pautas recogidas en el Código, que, en última instancia, persigue aproximar la Administración a la ciudadanía y mejorar la calidad de sus actuaciones.
El texto ha sido aprobado mediante orden foral del vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Javier Caballero Martínez, y publicado en el Boletín Oficial de Navarra del pasado viernes 12 de febrero. Sustituye al vigente desde 2004, modificado para añadir las últimas normas referidas a las relaciones entre la Administración y la ciudadanía (Ley Foral de Evaluación de las Políticas Públicas y de la Calidad de los Servicios, de 2005, o la Ley Foral de Administración Electrónica, de 2007, entre otras). También se introducen usos del lenguaje incluyentes y no sexistas y se incide en aspectos que, aunque ya estaban contemplados, son cada vez más valorados por la ciudadanía.
Según el Código, tanto la Administración de la Comunidad Foral y sus organismos autónomos como su personal deberán ajustar su actuación “en la mayor medida posible” a los 25 principios y reglas generales de la buena práctica administrativa, que se estructuran en tres bloques: los relativos a la conducta del personal, los relacionados con la aplicación de las leyes y los que tiene que ver con la realización y desarrollo de los actos administrativos.
Son principios que en su mayor parte no están reflejados en el marco legal vigente. Al tener una naturaleza orientativa, no pueden se puede alegar su cumplimiento obligatorio - salvo en aquellas cuestiones derivadas del cumplimiento de la normativa- . No obstante, el documento será un texto de referencia para todos los departamentos y organismos autónomos en sus relaciones jurídico-administrativas con la ciudadanía.
Todos los principios
Las seis reglas que deben orientar la conducta del personal son las de respeto a la dignidad y los derechos y libertades de la persona; no discriminación, igualdad de trato y equidad (se incluye la perspectiva de género tanto en el lenguaje como en las imágenes que se empleen); imparcialidad e independencia; lealtad; conciliación; y elemental cortesía y amabilidad en el trato.
Entre los principios relacionados con la aplicación de las leyes figuran los de sometimiento pleno de la actividad administrativa al Derecho; responsabilidad administrativa; prohibición de la desviación de poder; coherencia y doctrina de actos propios; y seguridad jurídica.
Finalmente, las 14 orientaciones procedimentales son las siguientes: transparencia, objetividad, proporcionalidad, equilibrio entre el interés general y los intereses particulares, subsidiariedad, protección de datos (evitar la transmisión a terceras personas no autorizadas), buena fe, confianza legítima y expectativa legítima, eficacia y celeridad, pautas de actuación sobre recursos y resoluciones, atención e información a la ciudadanía, modernización y participación ciudadana. El documento también recoge un compromiso de mejora continua y aboga por la plasmación en ‘Cartas de Servicios’ públicas de las apuestas en la prestación de los servicios públicos y los indicadores que utilizan para evaluar el grado de cumplimiento.
Este Código Orientativo de Buenas Prácticas Administrativas ha sido impulsado por el Instituto Navarro de Administración Pública, a través del Servicio de Calidad de Políticas y Servicios Públicos.
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