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El Gobierno y los empresarios de Navarra muestran su oposición a la implantación de peajes en Guipúzcoa martes, 02 de marzo de 2010

La consejera Alba se reunirá mañana con el diputado de Infraestructuras Viarias de la Diputación Foral de Guipúzcoa


Transcripción textual del video

El Gobierno y los empresarios de Navarra han expresado públicamente su contundente rechazo a la propuesta de implantación de peajes en Guipúzcoa. La consejera Alba ha afirmado que es falso que una directiva europea obligue a establecer peajes y ha indicado que la medida propuesta es discriminatoria para los transportistas no guipuzcoanos. Por tanto, ha expresado que no se descarta tomar acciones legales, aunque por el momento se pretenda actuar en el ámbito de la política.
Puente de Endarlatsa

La consejera Alba se reunirá mañana con el diputado de Infraestructuras Viarias de la Diputación Foral de Guipúzcoa.

La consejera de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones del Gobierno de Navarra, Laura Alba Cuadrado, se ha reunido esta tarde con los representantes de las asociaciones de empresarios y de transportistas de Navarra para tratar el tema de la implantación de peajes en las vías de gran capacidad por parte de Guipúzcoa.

A la reunión han asistido, además de la consejera, la directora general de Transportes, Susana Labiano, el presidente de la CEN, José Manuel Ayesa, el presidente de la Cámara Navarra de Comercio e Industria, Javier Taberna, el presidente de ANET (Asociación Navarra de Empresarios de Transporte por Carretera y Logística), Rafael Irigoyen, y el director gerente de TRADISNA (Asociación de Transportistas Autónomos de Navarra), Antonio Monzó.

Tras la reunión, la consejera, junto con todos los asistentes, ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha manifestado el absoluto apoyo el Gobierno de Navarra al sector del transporte, la oposición a la política de peajes planteada por la Diputación Foral de Guipúzcoa, y así mismo ha expuesto las siguientes consideraciones al respecto:

- La medida planteada carece de obligatoriedad, la directiva europea no obliga, faculta; y la transposición que el Estado ha hecho de la misma establece: “De las distintas posibilidades previstas en la Directiva, en este Real decreto se ha optado por mantener la situación actual, en la que sólo las autopistas explotadas en régimen de concesión están sujetas al pago de peajes, y no introducir peajes en toda la Red Transeuropea de Carreteras incluida en la Red de Carreteras del Estado”.

- Es una medida discriminatoria que altera la libre competencia y distorsiona el mercado. Las fórmulas compensatorias mediante medidas fiscales que propone Guipúzcoa, eluden el pago de los guipuzcoanos, recurriendo al pago del resto de usuarios no guipuzcoanos, en contra de lo que se recoge en el punto 4 del artículo 7 de la Directiva Comunitaria 1999/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, donde se cita textualmente: “Los peajes y tasas se aplicarán sin discriminación directa o indirecta por razón de la nacionalidad del transportista o del origen o destino del vehículo.”

- El único fin que persigue es el recaudatorio. La verdadera motivación de la Diputación Foral de Guipúzcoa es preservar el equilibrio económico-financiero de la sociedad Pública Bidegi, tal y como se recoge en la propuesta de conclusiones de la ponencia de la Juntas Generales de Guipúzcoa sobre la gestión de la red viaria del territorio. La Diputación de Guipúzcoa se ampara en una falsa obligatoriedad, utilizando argumentos medioambientales y de conservación de las infraestructuras para la implantación de peajes, cuando la verdadera motivación es la situación económica generada.

- Se trata de una medida injusta, insolidaria, discriminatoria, y absolutamente inoportuna en la coyuntura de crisis actual. Afectaría muy especialmente al sector del transporte, uno de los sectores estratégicos de la Comunidad Foral (y también de Guipúzcoa) y su repercusión no se limitaría sólo al sector del transporte, sino a la empresa y al empleo y en general a los ciudadanos.

- Una medida de esta envergadura no debe adoptarse de forma unilateral por una diputación de una comunidad autónoma, ya que sus afecciones son importantes para el conjunto de España, especialmente para Navarra.
Documentación:
Audio
Video

Gobierno de Navarra

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