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El Gobierno de Navarra regula el uso de las sujeciones físicas y farmacológicas en los centros de servicios sociales jueves, 29 de septiembre de 2011


Como novedad, los profesionales deberán informar de sus posibles efectos negativos a los usuarios, quienes podrán oponerse a su aplicación


Una pareja de ancianos pasea por un parque.

Una pareja de ancianos pasea por un parque.

El Gobierno de Navarra ha aprobado un decreto foral que regula el uso de las sujeciones físicas, como cinturones, chalecos, sábanas fantasma o barandillas, y tratamientos farmacológicos en los centros residenciales y de día destinados a personas con alguna discapacidad física y psíquica, y la tercera edad.

La norma, que desarrolla el artículo octavo de la Ley Foral 15/2006 de Servicios Sociales, tiene por objeto eliminar, al máximo, este tipo de sujeciones, ya que su uso excesivo puede provocar depresión, ansiedad, desorientación, incontinencia o llagas entre los destinatarios, además de vulnerar derechos fundamentales y principios constitucionales, como el derecho a la libertad física, a no sufrir tratos inhumanos o degradantes, y al libre desarrollo de la personalidad.

Para ello, establece unas pautas de actuación homogéneas para todos los centros. Como novedad, el decreto obliga a los profesionales a informar a los usuarios “de forma clara y sencilla” sobre las ventajas e inconvenientes de las sujeciones con anterioridad a su aplicación.

El texto establece, además, que los destinatarios podrán rechazar estas medidas físicas y farmacológicas “sin temor al abandono del cuidado debido”, dentro de los límites establecidos en la Ley Foral 17/2010 de derechos y deberes en materia de salud.

En todo caso, se requiere el consentimiento del interesado o su representante legal. Además, como novedad, cada tipo de sujeción deberá contar con “un consentimiento informado por separado”, no siendo válida una única aprobación para entender que se aceptan y consienten distintos tipos de sujeción.

La aplicación de estas medidas se deberá adoptar en última instancia y con prescripción facultativa, salvo excepciones de fuerza mayor “para evitar daños graves, de forma inminente, a la propia persona o a terceros, en circunstancias de extraordinaria necesidad o urgencia”, en cuyo caso se deberá avisar al médico “en la medida de lo posible, de forma inmediata”. Con ello, se quiere impedir la imposición de sujeciones por disciplina o conveniencia.

Además, una vez aplicadas, el decreto obliga a hacer un seguimiento para evitar, en lo posible, un uso de por vida. Así, los centros deberán elaborar un plan de atención individualizado, en el que deberán especificar las pautas de control del usuario y de la sujeción, las características de la persona, el objetivo perseguido, el plazo estimado para lograrlo y los efectos previsibles y evitables. Y, además, deberán llevar a cabo un seguimiento para retirar las medidas en caso de que se solucione el problema que las originó.

En cualquier caso, el decreto establece unas garantías en el uso de sujeciones: que la persona tenga todas las necesidades básicas cubiertas y que reciba cuidados que prevengan o minimicen sus efectos negativos; que no sea aislada o marginada como consecuencia de la aplicación de estas medidas; que estas sean eliminadas en el plazo de tiempo más corto posible; que previamente se hayan intentado otras alternativas; y que, en caso de necesidad, se utilicen las menos restrictivas.

El objetivo final de todas estas medidas es garantizar a los usuarios un trato digno que garantice, al máximo, su libertad y autonomía.

Los centros residenciales y de día tienen un año, a partir de la entrada de la norma, para adecuar los servicios sociales a los preceptos contenidos en ella. En Navarra existen un total de 118, de los cuales 91 son centros residenciales y pisos tutelados (76 para la tercera edad, 10 para discapacitados psíquicos y 5 para discapacitados físicos), y 27 centros de día (12 para la tercera edad, 8 para discapacitados psíquicos y 7 para discapacitados físicos).

En total, tienen capacidad para 7.819 personas. Concretamente, existen 6.438 plazas para personas mayores de 65 años, 901 para personas con alguna discapacidad psíquica y 480 para aquellas que tienen una discapacidad física.


Nota de prensa:

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