Plazos de implantación

De acuerdo con el anteproyecto, los edificios que el 31 de diciembre de 2013 tengan 2 ó más viviendas y más de 50 años deberán disponer de este informe antes del 31 de diciembre de 2017.

Los edificios que vayan a acogerse al régimen de rehabilitación protegida después del 1 de enero de 2014, deberán obtenerlo antes de la solicitud de calificación provisional de las correspondientes actuaciones.

Finalmente, a partir de 2020, los edificios con más de una vivienda que han cumplido 50 años, deberán obtener el informe en el siguiente año. Se prevé un periodo transitorio para los años 2018, 2019 y 2020. Los informes de evaluación se depositarán en los ayuntamientos y estos deberán dar parte al Gobierno de Navarra, que creará un registro.

Los adquirentes o arrendatarios de viviendas podrán exigir al vendedor o arrendador copia del informe de la evaluación, si el edificio estuviera obligado a contar con él. En caso de que se negara la copia, el solicitante podrá informarse en el Ayuntamiento correspondiente.

Consecuencias

Según recoge el anteproyecto, los propietarios que no cuenten con el estudio o no subsanen los defectos graves (informes “no apto”), no podrán acogerse a beneficios de rehabilitación protegida de vivienda. De esta manera, el Gobierno trata de que las obras de rehabilitación con ayudas públicas incluyan reparaciones obligatorias.

Igualmente, los propietarios no verán concedidas cédulas de habitabilidad o las podrán perder; y se enfrentarán a sanciones por infracción grave (art. 212.22 y art. 212.12 de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo, conexas con el incumplimiento del deber de conservar y mantener los edificios).

Objetivos

La norma pretende favorecer la conservación y rehabilitación del parque de edificios de viviendas y la regeneración y renovación de los tejidos urbanos existentes, asegurando su seguridad, salubridad y accesibilidad, de forma que no supongan riesgos para sus usuarios, vecinos, viandantes, etc.; no se produzca un deterioro evitable de los edificios; y se conozca la eficiencia energética de los inmuebles (el grado de aislamiento térmico tiene repercusiones en el consumo de energía).

Asimismo, regula la previsión contemplada en el Real Decreto Ley 8/2011, que impuso la “inspección técnica de edificios”, que se enmarca en el concepto más amplio de “Informe de evaluación de edificios” que este anteproyecto de decreto foral establece en línea con la próxima normativa estatal en materia de rehabilitación, regeneración y renovación urbana, que apuesta por esta modalidad constructiva antes que por la edificación de nueva planta.

Al respecto, la legislación vigente (Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación) establece el deber de conservación y mantenimiento de los edificios, cuyo interés trasciende al del propio propietario, y se inserta en el interés general de mantener el patrimonio edificado, no despilfarrar recursos, ahorrar energía y no descuidar la seguridad propia y ajena.

Análisis

De acuerdo con el texto, la evaluación comprenderá al edificio completo, tanto a sus elementos comunes como a las viviendas o locales incluidos en el mismo. En concreto, abordará los siguientes aspectos:

- Seguridad: estado general del edificio; elementos estructurales, constructivos, instalaciones, pero éstas con una excepción: las instalaciones que requieran una inspecciones técnicas específicas, las cuales se llevarán a cabo independientemente, por ejemplo ascensores, salas de calderas, etc.

- Accesibilidad: se estudiará si el edificio carece de accesibilidad para todas las personas y en este caso si ello es subsanable física, técnica y económicamente, o no.

- Certificación de eficiencia energética: con el contenido que señale la normativa estatal que dará conocimiento al adquirente de vivienda y, en su caso, impulsará la rehabilitación de mejora de aislamiento o instalaciones.

- Habitabilidad: si se cumplen o no las condiciones mínimas de habitabilidad, así como la identificación y detección de las infraviviendas existentes.

El informe diagnostica deficiencias pero no plantea su solución concreta, que será objeto, en su caso, de un proyecto posterior.

Parque de viviendas en Navarra

La Comunidad Foral de Navarra cuenta con un parque de viviendas que supera las 320.000 unidades, de los que más del 28 % cuentan con una antigüedad superior a los cincuenta años. El anteproyecto tiene en cuenta especialmente el “elevado” número de viviendas construidas en períodos anteriores.

El Gobierno de Navarra ha apoyado la rehabilitación y mantenimiento a través de ayudas en función de la antigüedad del edificio, la naturaleza de las obras y la renta de los perceptores (Ley Foral 10/2010, de 10 de mayo, del Derecho a la Vivienda en Navarra, y reglamentos concordantes).

Según el anteproyecto, “a pesar de la notable actividad rehabilitadora de los últimos años, sigue existiendo gran cantidad de edificios de vivienda que no se han sometido nunca a una rehabilitación, por lo que pueden presentar serias deficiencias debidas al deterioro producido por el transcurso del tiempo, la deficiente calidad de su construcción o el mal uso o falta del mantenimiento necesario para que los edificios tengan un mínimo de seguridad o salubridad”.