Niveles de actuación

El texto establece cuatro niveles de actuación para erradicar este fenómeno en Navarra. El primero hace referencia a la identificación y detección de las niñas en riesgo. Entre los indicadores fijados, destacan el de ser mujer y pertenecer a una etnia o país en el que es admitida esta práctica y ser miembro de una familia en la que alguna mujer la haya sufrido. El riesgo se considera inminente si, además, la familia organiza un viaje al país de origen, ya que suele ser aprovechado para su realización.

El segundo nivel se refiere a la detección e intervención con mujeres ya mutiladas. Con ellas se trabaja en dos ámbitos: por un lado, se les ofrece una acción terapéutica para reparar el daño causado y, por otro, reciben información sobre el fenómeno de manera preventiva para evitar nuevas situaciones, ya que pueden ser transmisoras de esta práctica.

Los otros dos niveles hacen referencia a la prevención y educación de los grupos de riesgo, incidiendo en los aspectos legales, humanitarios y culturales, y a la formación de los agentes implicados. Estos profesionales pertenecen a los ámbitos de la salud, los servicios sociales, la educación y la justicia (colegios de abogados, juzgados de violencia y fiscalía de menores).

El documento ha sido redactado por el Instituto Navarro para la Familia e Igualdad, con la colaboración de otras unidades pertenecientes al Gobierno de Navarra (Políticas Sociales, Educación, Salud, Justicia, Vivienda, Empleo, Protección Civil, Medicina Legal y Forense, y la Policía Foral), la Delegación del Gobierno en Navarra, la Policía Nacional, la Guardia Civil, la Policía Municipal de Pamplona, la Fiscalía Superior, el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, los Colegios de Abogacía de Navarra, la Federación Navarra de Municipios y Concejos, y las entidades sociales que intervienen con las mujeres afectadas.

Consecuencias de la mutilación

La mutilación genital femenina consiste en la extirpación total o parcial de los órganos genitales externos de las mujeres y está considerada una forma de violencia contra ellas. Su forma más extrema, la infibulación, consiste en extirpar el clítoris y ambos labios y la sutura de la vulva, dejando solamente un pequeño orificio que permite el paso de la orina y el flujo menstrual.

Tiene importantes consecuencias a corto y largo plazo. Es extremadamente dolorosa y puede provocar hemorragias, infecciones, incluso la muerte, así como dificultades en el parto (de hecho, la tasa de mortalidad de los bebés durante el nacimiento es más elevada) y una mayor vulnerabilidad al VIH/SIDA. Además, existen relatos de mujeres que recuerdan que les provocó ansiedad antes del proceso y el terror durante su práctica.

La mutilación genital femenina es un delito de lesiones que constituye un ataque contra la integridad física de la persona y está tipificada en el artículo 149.2 del Código Penal con penas de entre seis y doce años de prisión. También puede ir acompañada de penas de inhabilitación especial de hasta diez años para el ejercicio de la potestad, la tutela, la curatela o la guardia, con posibilidad de no renovar el permiso de estancia en España.

Es una práctica cultural que trasciende países y religiones. De hecho, es practicada por personas de religión musulmana, cristiana e incluso judía. En la mayoría de los casos se lleva a cabo pensando que se logra un beneficio para la niña o la mujer (mayor respeto, mejor casamiento, prestigio familiar, incluso, mejora de la fertilidad).

En Europa, al menos 500.000 mujeres ha sido víctimas de este fenómeno y otras 180.000 podrían sufrirla. Generalmente, se practica entre los 4 y los 14 años. En la actualidad, en algunos grupos se realiza a las pocas semanas de vida de las niñas. Entre los motivos que se esgrimen para reducir la edad de inicio de la práctica está la de evitar resistencias durante la adolescencia.