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Los profesores podrán confiscar el móvil a los alumnos viernes, 02 de mayo de 2014


La norma que regula la convivencia en los colegios incorporará un apartado sobre nuevas tecnologías


Reunión de Pamplona

El secretario general técnico de Educación, Ignacio Iriarte, explica el decreto a los directores. ( ampliar imagen )

Los profesores podrán confiscar el móvil u otros dispositivos electrónicos a los alumnos cuando, con su uso, provoquen distracciones en clase o dañen a terceros. Con ello, se quieren evitar situaciones como la grabación y difusión de las clases para fines no autorizados, así como cualquier escena relacionada con la vida privada de las personas.

Para ello, el Departamento de Educación está tramitando una incorporación a la normativa que regula la convivencia en los centros educativos públicos y concertados de Navarra (Decreto Foral 47/2010), en la que se insta a los colegios e institutos a que incluyan en sus respectivos planes de convivencia un protocolo de uso de las TIC, en el que se especifiquen las normas para su uso seguro.

La medida permitirá a los docentes retener los equipos hasta final de clase, pero, además, dará a los centros la posibilidad de confiscar los aparatos hasta que los padres vayan a recogerlos, cuando se trate de un problema de calado o haya que establecer pautas y límites al alumno.

Los técnicos del Departamento de Educación están explicando estos días esta y otras novedades, junto con el régimen jurídico vigente sobre la convivencia en los centros, a los equipos directivos de los centros. La primera reunión tuvo lugar el pasado martes, 29 de abril, en Pamplona, con la asistencia de 150 personas, y la segunda se celebrará el martes, 6 de mayo, en Tudela.

Mayor implicación de las familias

La normativa, aprobada en 2010, propone un modelo de atención integral (no solo punitivo o meramente reactivo) e incide en la prevención y en la creación de un clima de relaciones positivas, así como en el diálogo y en la resolución pacífica de los conflictos. Además, busca la implicación de toda la comunidad educativa, también la de las familias.

Entre las incorporaciones que tramita el Departamento de Educación, hay una específicamente dirigida a las familias. La medida obligará a los padres de los alumnos que hagan bullying a suscribir un documento con compromisos concretos para que contribuyan, junto con el centro, a reconducir la conducta de su hijo.

Ahora estos compromisos son voluntarios, pero una vez se apruebe la nueva normativa serán obligatorios en los casos de acoso o bullying. Así, si los familiares se niegan a suscribir el documento, el centro deberá poner el asunto en conocimiento de las autoridades competentes (Servicios Sociales) para comprobar si se incurre en el incumplimiento de los deberes de protección establecidos por las leyes de menores.

Otra de las incorporaciones que se está tramitando insta a los centros a incluir en sus planes de convivencia medidas que favorezcan la convivencia entre el alumnado de distintos modelos lingüísticos, debido a que cada vez son más los centros que ofertan más de un modelo.

Potencial educativo de las medidas

El decreto que regula la convivencia en los centros educativos de Navarra propone un modelo integral, con medidas de carácter educativo, frente al modelo meramente reactivo -que espera a que surja el conflicto y, después, aplica la norma- o exclusivamente punitivo -que es disuasorio, al establecer normas claras y predecibles, pero no educa-.

El modelo fijado por Educación establece que todos los centros deben elaborar su propio plan de convivencia, con medidas preventivas (encaminadas a crear un clima positivo) y acciones para resolver los problemas de disciplina, cuando surjan. Estas deben tener siempre un carácter educativo, independientemente del tipo de conducta contraria a la convivencia.

Entre las medidas están la mediación, la resolución dialogada de los conflictos, la asunción de compromisos de convivencia por parte de alumnos y padres o tutores, la potenciación de la acción de tutoría y la coordinación entre centros y familias.

Existe un procedimiento acordado, diferente al ordinario, que además de reparar aprovecha la ocasión para educar. Esta vía establece castigos más leves para los alumnos, siempre y cuando reconocen los hechos, se disculpan y acceden a suscribir un documento de compromisos de convivencia para evitar que en el futuro se repita la conducta.

En la corrección de las faltas de disciplina, se busca la inmediatez, agilizando y abreviando los procedimientos, y permitiendo actuar ante conductas menos graves para que no se conviertan en graves.

A tenor de lo establecido en el Decreto 47/2010 actualmente vigente son conductas contrarias a la convivencia las faltas injustificadas a clase, copiar o dejar copiar en exámenes, faltar el respeto a los docentes o fumar y beber alcohol en el recinto escolar. Son, además, conductas gravemente perjudiciales insultar, amenazar o acosar a terceros; la grabación y difusión de las clases para fines no autorizados; la falsificación de documentos académicos, y el deterioro grave de las instalaciones o materiales, entre otros.


Nota de prensa:

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