Igualmente, la nueva ley contempla subvenciones de entre un 23 y un 30% para la promoción de viviendas nuevas en alquiler protegido, y se prevén subvenciones del 50% para las entidades locales que rehabiliten sus viviendas vacías para destinarlas al alquiler.

El texto también establece obligaciones para los arrendadores de vivienda protegida sobre la información que deben proporcionar a los y las inquilinas de los gastos de comunidad o similares, “mejorando de esta manera la transparencia en su gestión”, según el vicepresidente Laparra. Otra medida propuesta es facilitar que una vivienda pueda continuar siendo destinada al alquiler protegido aun cuando haya concluido el plazo de protección para el que fue calificada.

El conjunto de actuaciones en el ámbito del alquiler que contempla el nuevo Programa de Vivienda y esta ley, prevé que en los próximos cinco años se pueda ampliar en 1.600 viviendas el parque de alquiler protegido, “de tal manera que se puede dar satisfacción a la mayor demanda social existente actualmente en materia de alquiler de vivienda”, tal y como ha asegurado Miguel Laparra.

Impulso de la rehabilitación

El texto presentado por el vicepresidente Laparra también pretende dar un impulso a la rehabilitación protegida de edificios y viviendas, incrementando las ayudas destinadas al efecto, de entre un 5% y un 40% según los casos, “lo cual tiene efectos muy importantes tanto en la generación de empleo como en la mejora de la eficiencia energética y la prevención de la pobreza energética”, ha añadido el vicepresidente de Derechos Sociales.

Asimismo, se prevé suprimir el requisito de no disponer de otra vivienda para acceder a las ayudas por rehabilitación y mejorar las cuantías de las ayudas.

También plantea mejorar las subvenciones dirigidas a determinados colectivos como mayores de 65 años y jóvenes, especialmente, además de personas con discapacidad motriz grave, familias numerosas, víctimas de violencia de género y víctimas de terrorismo.

Igualmente, propone disminuir la cantidad mínima que se debe gastar en las obras para que puedan ser subvencionables, y establecer una línea de ayudas específicas para dotar de condiciones adecuadas a los inmuebles adquiridos bajo el programa de vivienda de integración social o que sean propiedad de familias perceptoras de la renta de inclusión social.

Además, se prevén otras modificaciones como ampliar a 120 metros cuadrados la superficie máxima de las viviendas rehabilitadas que se creen por adición o división de las existentes.

Las estimaciones del Departamento de Derechos Sociales apuntan a la creación de unos 500 empleos directos anuales por la promoción de vivienda nueva en alquiler, y 1.300 empleos anuales gracias al impulso de la rehabilitación.

Creación de cooperativas y nuevo régimen de “cesión en uso”

La proposición de ley contempla la constitución de cooperativas de personas empadronadas en un municipio durante al menos el último año para promover viviendas protegidas, que no serían adjudicadas a través del censo único de solicitantes, siempre que se construyan en localidades de menos de 10.000 habitantes situadas fuera de la Comarca de Pamplona. Actualmente, esta opción solo se puede realizar en municipios de menos de 3.000 habitantes y se exige una antigüedad mínima de cuatro años de empadronamiento.

Otra novedad es la promoción de viviendas de protección oficial por asociaciones sin ánimo de lucro en régimen de cesión de uso. La propiedad del inmueble recaería de modo indefinido en la asociación y sus personas asociadas tendrían un derecho de uso indefinido, transmisible en caso de fallecimiento. Sería necesario aportar una cuota de entrada y pagar un canon mensual. La duración del régimen de protección será indefinida y tampoco será necesaria la adjudicación de las viviendas a través del censo único.

Otras medidas

El texto prevé la elaboración, con participación pública, de un plan de vivienda de Navarra y la creación del Consejo de la Vivienda de Navarra, un órgano consultivo en el que tomarán parte las principales empresas y asociaciones del sector.

En el ámbito de la eficiencia energética se contempla exigir que todas las promociones de vivienda protegida que sean calificadas a partir del 1 de enero de 2017 acrediten que obtendrán, como mínimo, un nivel B de calificación energética relativa al consumo de energía. También se pretenden mejorar las ayudas para la mejora de la envolvente térmica de los edificios y nuevas subvenciones para las comunidades que actúen sobre el conjunto de la instalación de calefacción y/o de agua caliente sanitaria centralizadas.

Finalmente, la ley contempla una serie de medidas que van dirigidas a facilitar el acceso a la vivienda a colectivos vulnerables, como otorgar más puntos en el baremo a las personas que han sufrido desahucios, o la posibilidad de ceder viviendas a entidades locales o sin ánimo de lucro para atender las necesidades que puedan surgir.