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Toda persona que pueda trabajar y cobre Renta Garantizada tendrá un empleo antes de los dos primeros años lunes, 26 de febrero de 2018

El Gobierno de Navarra también se marca el objetivo de reducir a la mitad la pobreza severa

El vicepresidente de Derechos Sociales, Miguel Laparra, el consejero de Salud, Fernando Domínguez, y la consejera de Educación, María Solana, han presentado este lunes el borrador del Plan Estratégico de Inclusión Social, documento por el que el Gobierno de Navarra adquiere el compromiso de que ninguna persona perceptora de renta garantizada que esté en condiciones de trabajar, permanezca más de dos años sin acceder a un empleo, y que un 50% de estas acceda a un empleo antes de los 12 primeros meses. Además, el Ejecutivo se compromete a la reducción a la mitad de la pobreza severa, cuyo último dato disponible referido a 2015, alcanzaba a un 8,8% de la población.

Con fórmulas como el empleo social protegido, y el conjunto de políticas activas de empleo, el Ejecutivo Foral trata de dar respuesta a las situaciones más graves de personas en paro de larga duración, donde el empleo es un elemento central de su inclusión socio-laboral. Así, el 50% de las personas que cobren la Renta Garantizada tendrán una oportunidad de acceder al mundo laboral en los primeros 12 meses y el resto, de entre aquellas personas que estén en situación de trabajar, accedería a un trabajo antes de los 2 años. El vicepresidente Laparra ha asegurado que “aunque estamos ultimando los diagnósticos de empleabilidad de los perceptores de Renta Garantizada entendemos que es un objetivo exigente, pero asumible”.

El Ejecutivo también asume el reto de reducir a la mitad la pobreza severa que, en el último dato disponible que data de 2015, afectaba en Navarra al 8,8% de la población, de acuerdo con la Estadística de Renta de Navarra que elabora el NASTAT y utilizando el umbral autonómico de ese año (5.150 €). El Gobierno quiere reducir al menos hasta el 4,4% la pobreza severa, entendida como el porcentaje de personas por debajo del umbral de pobreza, medido como el 30% de la mediana de los ingresos por unidad de consumo de las personas.

El documento también recoge la vivienda como un derecho subjetivo, o sea exigible ante la Administración, lo que obliga a concretar la oferta de vivienda dirigida a los sectores con más dificultades de acceso, esto es, jóvenes y familias vulnerables, hasta 2.500 núcleos familiares. En este punto, el Gobierno se plantea ofrecer una vivienda de alquiler social o apoyo para sufragar el coste de la misma, a todos los jóvenes y a todas las personas demandantes registradas con ingresos inferiores a dos veces el alquiler de mercado, a los que no se les haya ofrecido antes y que no la hubieran rechazado en los últimos 5 años.

En materia de educación, cuya carencia supone otro de los factores de la exclusión, el Gobierno estudia cómo reducir el abandono escolar temprano y situarlo por debajo del 8%, teniendo en cuenta que en 2017 el problema afectaba al 11,3% de la población joven de Navarra y que, con el horizonte de 2020, la Unión Europea marca unos objetivos del 10% para el conjunto de la Unión y del 15% para España.

Muy en sintonía con lo anterior, el Plan también aborda reducir la proporción de jóvenes que no está estudiando ni trabajando. Este indicador se situaba en 2017 en el 14,3% para Navarra de acuerdo a la Estadística de Educación del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y el objetivo busca reducirlo por debajo del 10% en la Comunidad Foral para la población de entre 15 y 29 años.

En el ámbito de la salud, el Plan se marca como objetivo reducir en un 10% las desigualdades encontradas en el estado de salud de los perceptores de Renta Garantizada. Cabe recordar que el estado de salud de estas personas es sustancialmente peor que el de la población general, evidenciando el fuerte vínculo existente entre las situaciones de enfermedad con la pobreza. En este sentido, se constata que la obesidad y el sobrepeso infantil y juvenil es tres veces más frecuente entre las personas beneficiarias de Renta Garantizada, factor directamente relacionado con las barreras económicas de acceso a alimentos saludables. Asimismo, la diabetes es también más frecuente entre este colectivo. De igual forma, es importante incidir en que el 40% de las mujeres mayores de 40 años y beneficiarias de Renta Garantizada presentan o han presentado cuadros depresivos. Por último, remarcar que, desde los 5 años de edad se observa una mayor incidencia del trastorno mental grave en la población perceptora de Renta Garantizada.

El Plan prevé que el conjunto de indicadores tomados, y especialmente estos 6 objetivos estratégicos, reflejen una mejoría más intensa en aquellos grupos de población especialmente afectados por procesos de exclusión social: la infancia y la juventud, las mujeres, la población de origen extranjero, la comunidad gitana o los hogares monoparentales, así como en los territorios donde más incidencia se registra actualmente.

El documento presentado supone el primer Plan de Inclusión en los últimos 20 años (el anterior data de 1998) y tiene previsto una vigencia de 4 años (2018-2021), tiene un carácter transversal por su incidencia en varios departamentos de la administración foral y, además de estos, en su elaboración han participado entidades locales, otras de iniciativa social, los servicios sociales de base y personas usuarias de las distintas prestaciones. Actualmente está sometido al proceso administrativo de exposición pública en el Portal de Gobierno Abierto, previa a su aprobación en los próximos meses.

El documento, elaborado a partir de lo dispuesto en la Ley Foral que regula la Inclusión Social y la Renta Garantizada, materializa el derecho a la inclusión social.

El Plan se estructura en dos grandes bloques y 7 líneas estratégicas. En el primer Bloque, se incide en las líneas estratégicas de “Garantía de ingresos y necesidades básicas”; “acceso al empleo” e “incorporación social”. En el segundo Bloque, se contemplan las medidas en torno a las líneas estratégicas de “vivienda”, “educación”, “salud” y “corresponsabilidad social”.

Empleo, Garantía de ingresos y cobertura de las necesidades básicas

El Plan incide en la necesidad de consolidar el modelo actual de Renta Garantizada, desplegando su potencial de protección social, mejorar el sistema de salvaguardia de las pensiones de viudedad y resto de pensiones bajas y dotar de coherencia al conjunto de prestaciones del sistema.

Entre las medidas más destacadas, contempla la necesidad de seguir simplificando la gestión, información y control de la prestación de Renta Garantizada y resto de prestaciones, así como su evaluación continua en el cumplimiento de sus objetivos de inclusión social y laboral. Igualmente, pretende reforzar los mecanismos de incorporación al empleo, estableciendo un doble objetivo de que al menos el 50% de las personas perceptoras de Renta Garantizada reciban una oferta de empleo antes del primer año de recibir la prestación, y que el 100% en condiciones de trabajar, la reciba antes de los dos años continuados de percepción de la prestación. Para ello, el conjunto de políticas activas de empleo y de empleo social protegido, se dirigirán preferentemente a estos colectivos y se hará mayor hincapié en la difusión e información de los mecanismos de incentivos y estímulos al empleo que contempla la propia Ley.

Igualmente, en cumplimiento de la Ley Foral de Renta Garantizada, se estudiará y, en su caso, se establecerá una deducción fiscal para las personas perceptoras de rentas por trabajo superiores a la cuantía de Renta Garantizada.

Además de lo anterior, en materia de empleo se contemplan otras medidas como el trabajo conjunto entre el Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare y los servicios sociales, la adaptación de las ofertas formativas a las necesidades territoriales y a los perfiles de las personas en situación de exclusión social, poniendo más énfasis en aquellos lugares con mayor incidencia del problema, la promoción de acciones de carácter ocupacional para personas que no están en condiciones de trabajar, y, tras su evaluación, extender a todo Navarra el modelo integrado de políticas de empleo-sociales que desarrolla el proyecto de innovación social ERSISI en Tudela y Alsasua.

En materia de incorporación social, el Plan implicará una modificación del Decreto de financiación de los servicios sociales de base, tomando como eje la atención primaria. El Gobierno busca implantar un modelo integrado de atención lo que traerá consigo la modificación de la cartera de servicios sociales. Otra medida implantada será el impulso al acompañamiento social, así como el fomento de las alternativas de carácter ocupacional. En este proceso de integración, se plantearán protocolos de fomento de la cohesión social y convivencia, como estrategia para la población gitana o un protocolo de acogida para personas refugiadas.

En el apartado de vivienda, el Gobierno mantendrá su estrategia de construcción de vivienda social y, como novedad, va a analizar y la opción de compra pública de vivienda usada en la línea apunta de facilitar la integración y fomentar la emancipación de la población joven. Asimismo, reforzará las campañas de captación de viviendas para la bolsa pública de alquiler y garantizará una vivienda a las unidades familiares solicitantes que provengan del programa VAIS (vivienda de alquiler de integración social), hasta a 2.500 núcleos familiares. Además de mantener las medidas que el Departamento ya ofrece de fomento de la rehabilitación de vivienda, el Plan quiere extender el proyecto Housing first, un programa piloto que se aplicad desde 2017 destinado a personas que carecen de hogar. El programa de incorporación social en vivienda (EISOVI) se extenderá a la comarca de la Ribera.

Plan transversal: medidas en salud y educación

En lo que afecta al área sanitaria, el Plan prevé mejorar el estado de salud de las personas en situación o riesgo de exclusión social, superar las barreras de acceso al sistema sanitario de dicho colectivo, así como impulsar el espacio socio-sanitario, mejorando los espacios de intervención, colaboración, coordinación e intercambio de información.

Como medidas más destacadas, se contemplan identificar en la historia clínica a las personas en riesgo de exclusión socio-sanitaria a fin de adaptar el modelo de atención a sus necesidades específicas, elaborar protocolos integrales de atención para poblaciones especialmente vulnerables y en riesgo de exclusión social así como contribuir a la extensión del programa de atención temprana a menores de 0-6 años y a su ampliación también a quienes presenten factores de riesgo psicosocial. Otra actuación consistirá en impulsar otras ayudas o prestaciones complementarias para facilitar el acceso a tratamientos a familias con dificultades económicas, prestando especial atención las necesidades derivadas de la discapacidad en la infancia.

Además, se priorizará el acercamiento de los servicios a las comarcas y el apoyo a medidas como el Autobús de la Vida, que reduzcan las dificultades económicas derivadas de la movilidad necesaria para acceder a los tratamientos clínicos. Destaca, igualmente, la puesta en marcha en Tafalla del proyecto piloto de atención integral social y sanitaria centrada en la persona.

Por último, se prevé la creación de Consejos de Intervención Comunitaria Sociosanitaria que, apoyados en los datos facilitados por los Observatorios de Salud y de la Realidad Social, permitan priorizar la intervención comunitaria y la gestión integral de casos específicos con necesidades intensas.

En el ámbito educativo, el Plan propone para lograr sus objetivos, entre otras acciones, promover una mejor distribución de recursos educativos por centros y territorios identificando los centros educativos con mayores necesidades de apoyo y dotándolos de los recursos para abordar planes de innovación y mejora, así como implementar acciones para evitar la exclusión y prevenir el abandono del sistema educativo potenciando el trabajo en red de carácter interdepartamental por zonas para lograr un sistema educativo inclusivo.

En este punto, la consejera de Educación, María Solana, ha manifestado que “durante el curso 16/17 en Navarra se graduó en ESO el 90,51% del alumnado, la cifra más alta de los último cinco cursos escolares. El Departamento de Educación sigue apostando por medidas para reducir al máximo el abandono escolar, con la renovación metodológica y la atención a la diversidad”.

Desde una perspectiva general, el Plan incluye medidas clave en la línea de la corresponsabilidad social en la inclusión como campañas y acciones dirigidas a la no discriminación e igualdad de trato, para lo que busca la implicación de los medios de comunicación. En esta línea, se quiere potenciar la generación de oportunidades de empleo para personas que provienen de los sistemas de incorporación socio-laboral.

En la búsqueda de un retorno de las estrategias del Gobierno, también se prevé la apertura de cauces de interlocución y participación con las entidades sociales para evaluar las políticas públicas.

El Plan de Inclusión Social de Navarra, contempla un presupuesto adicional de 45,7 millones entre los años 2018 y 2021.

De ello cabe destacar el esfuerzo presupuestario en las políticas de empleo y de mejora de las pensiones de viudedad y resto de pensiones bajas, en detrimento del gasto previsto en renta garantizada, gracias fundamentalmente a la incorporación laboral de una parte importante de sus perceptores.

En el capítulo de emple, se espera pasar de un presupuesto de 12,3 millones a 23,1 en 2021, en materia de pensiones de viudedad y resto de pensiones, alcanzar en 2021 la cifra de 29 millones cuando en 2016 fue de 3,2 millones, y, en materia de renta garantizada, disminuir el presupuesto necesario en 11 millones durante el periodo de vigencia.

En materia de vivienda, se espera que el esfuerzo anual se incremente de 6,4 a 11 millones; en Educación de 8 millones anuales a 10; y en incorporación social de 3,4 a 5,4 millones anuales.

Nota de prensa:

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Documentación:

Video

Planestrategicoinclusionresumen.pdf

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