Asimismo, ha afirmado  que, " este nuevo Plan de Choque evidencia que el diseño del Plan de Garantía Juvenil no estaba dando respuesta a las necesidades". "La estrategia de Navarra ha sido adaptar las políticas activas de empleo a los colectivos con mayores dificultades de inserción, entre ellos, las personas jóvenes", ha añadido.

A tal fin, el SNE-NL tiene seis personas contratadas en todas las agencias, para prestar atención a jóvenes. Adicionalmente, durante 2018, ha ofrecido proactivamente el servicio de atención personalizada a 1.700 jóvenes a través de entidades de orientación contratadas.

Para combatir el paro juvenil, el SNE-NL lanzó en 2016 y 2017 dos líneas de ayudas para este colectivo: incentivos a empresas para contratos en prácticas y para contratos de empleo de calidad en empresas de sectores estratégicos clave.

En 2017, primer año completo de funcionamiento de estas subvenciones, destinó 1.484.264 millones de euros y 296 empleos subvencionados (130 en prácticas y 166 en empresas tractoras de la economía regional). En 2018 tiene previsto destinar el doble que el año pasado: 2.938.780, hasta alcanzar los 675 empleos subvencionados, 403 en prácticas y 272 en empresas de la S3.

22,76% de paro juvenil, frente al objetivo estatal del 23,5% en 2021

El Plan de choque 2019-2021 tiene cinco objetivos: el primero de ellos es reducir la tasa de paro juvenil en menores de 25 años del 33% al 23,5%. La de Navarra es inferior al objetivo marcado para 2021 y se sitúa actualmente en el 22,76%. También se plantea incrementar la tasa de actividad hasta el 73,5% en el grupo de 20 a 29 años. En este ámbito, Navarra tiene margen de mejora, situándose actualmente en un 70,35%.

Otro objetivo es reducir en un 20% la actual brecha de género entre hombres y mujeres jóvenes en las cifras de paro registrado. La diferencia en Navarra es de 4,5 puntos (52,2% de paro en mujeres frente al 47,8% en hombres), mientras que en el conjunto del Estado la diferencia asciende a los 7,2 (53,6%-46,4%) .

El cuarto punto que se quiere conseguir es incrementar cada año un 15% el número de contrataciones indefinidas celebradas con personas jóvenes durante el conjunto de los tres años de vigencia del Plan. En Navarra, la proporción de los contratos indefinidos del colectivo de personas jóvenes de menos de 25 años se ha incrementado desde 2015. En 2016 y 2017, dichos aumentos superaron el objetivo del 15%, en concreto 30,7% en 2016 y 17,1% en 2017. En el caso del presente 2018, a falta de los contratos de diciembre, el incremento es de aproximadamente el 12% (cerca de 3.300 contratos indefinidos).

Conseguir que, al menos, un 43% de las personas jóvenes inscritas como desempleadas y, que no disponen de titulación en Educación Secundaria Obligatoria, adquieran mediante programas de formación las competencias clave en Lengua y Matemáticas. En Navarra, datos de noviembre de 2018, hay 3.143 personas desempleadas de menos de 25 años. Suponen el 9,5% del total del paro en ese mes. De ellas, casi el 58% (1.821 jóvenes) no cuentan con titulación en ESO o superior. Si el objetivo estatal es que al menos el 43% de ese colectivo adquiera competencias clave en Lengua y Matemáticas, se deberá formar en dichas competencias a aproximadamente 783 jóvenes.

Compatibilidad de la Renta Garantizada con los subsidios

Finalmente, el vicepresidente Laparra ha lamentado que, "el Estado siga sin resolver la compatibilidad de los subsidios por desempleo con la Renta Garantizada", tal y como han reclamado varias comunidades autónomas, lo que supondría un importante ahorro para Navarra y una mejor en la protección de las personas en desempleo.

El Sistema estatal de protección por desempleo (prestaciones + subsidios) solo cubre a 18.319 personas de Navarra, el 49,1% de las personas desempleadas. La tasa de cobertura en el Estado es del 57,1%. Del total de personas cubiertas por el Estado, 5.064 cobran subsidios y 758 la Renta Activa de Inserción. Los recortes de la anterior etapa, así como la no compatibilidad, hacen que hoy la renta garantizada sea el sistema de protección de las personas en desempleo con mayor cobertura, por encima de los subsidios y prestaciones estatales.