Medidas de supervisión

Las patronales del sector, por su parte, adoptaron el compromiso de implementar medidas de supervisión y control que aseguraran una utilización adecuada de los fondos públicos y una justificación de los gastos de funcionamiento de los centros, así como una supervisión de la contratación de plazas vacantes y su difusión a través de la página web del Departamento de Educación, respetando los criterios de mérito y publicidad.

En este sentido, y a la vista de que el cumplimiento de algunas de estas normas se están retrasando, el Departamento está ultimando una Orden Foral que establecerá los procedimientos de control que se aplicarán en el proceso de selección de las vacantes de personal que deben cubrirse en los centros y que se pagan con fondos públicos, los procedimientos de justificación del módulo de “otros gastos” que incluyen conceptos por los que el Departamento de Educación paga también a los centros, y la información que los centros concertados están obligados a introducir en la plataforma de gestión educativa del Departamento denominada EDUCA.

Estas medidas de supervisión se introducen por primera vez en la enseñanza concertada, ya que en los gobiernos anteriores no se realizaba un control de este tema. De hecho, las partidas destinadas a la enseñanza concertada aparecían diseminadas en otras partidas, por lo que se ha realizado un intenso trabajo de investigación y puesta en orden de este tema. Se ha creado, igualmente, una unidad de control dependiente de la propia Dirección General de Universidades y Recursos Educativos que tiene como objetivo la articulación y seguimiento de estas medidas. Ya la Cámara de Comptos en la auditoría presentada en mayo de 2018, concluía recomendando una mayor supervisión por parte de la Administración educativa del módulo de “otros gastos”, que corrobora también el Gobierno a través de la Intervención de Hacienda.

Y este es precisamente el tema que ahora se aborda para recuperar la situación de años anteriores a la crisis, debido a los recortes y una vez que ya se ha aplicado a la red pública mediante la implementación de las medidas acordadas para la enseñanza pública en el Pacto Educativo. Es decir, en las etapas de Infantil y Primaria disminuyen las ratios desde el curso 2016/2017 y se reducen las horas de docencia directa desde el curso 2018/2019. En cuanto a Secundaria y Bachillerato, la disminución de las ratios se produce desde el curso 2018/2019 y la disminución de horas de docencia directa entrará en vigor en el curso 2019/2020.

A la reunión han asistido por parte de la Administración, la propia consejera, así como la directora de Universidades y Recursos Educativos y la responsable de la Unidad de Control y Supervisión de la Enseñanza Concertada. También han acudido, los y las representantes de las cuatro patronales (Escuelas Católicas ANEG-FERE, CECE FED ACES y NIE) y de los sindicatos UGT, SEPNA, LAB y ELA. Se da la circunstancia de que el sindicato ELA, único sindicato no firmante del acuerdo de septiembre del 2017, que no ha acudido a las reuniones anteriores por considerar que no debía hacer un seguimiento de un acuerdo que consideraba retrógrado, se incorpora a esta reunión porque argumentan que, en este caso, el tema sí les afecta a pesar de tratar una medida presente en el propio acuerdo (medida tercera) que se negaron a firmar en su momento. Este cambio en la forma de proceder de ELA se produce, además, en un contexto contradictorio ya que dicho sindicato ha interpuesto un recurso al Departamento de Educación justamente por no haber incluido este departamento a dicho sindicato en la Comisión de Seguimiento del Pacto Educativo de la educación pública.

Respecto al segundo punto del orden del día, es decir, el nuevo acuerdo con la enseñanza concertada que debería firmarse en septiembre de 2019, la Administración ha compartido con patronales y sindicatos una primera aproximación a dicho acuerdo, mediante la introducción de los puntos que han presentado una mayor dificultad en el actual, tales como la adaptación a la nueva normativa, el cumplimiento de los compromisos de los centros, la justificación de los otros gastos, la introducción de los datos en la plataforma EDUCA o la formación del profesorado, especialmente en el ámbito de la coeducación.